El día de ayer el diputado a la Asamblea Legislativa y Secretario General del FMLN Medardo González incitó a no cumplir con las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional la semana pasada: la derogación de la Ley de Amnistía, la eliminación de los diputados suplentes, y la admisión de la protesta contra el impuesto de 13 por ciento adicional a la energía eléctrica.
El llamado al incumplimiento, expresado con las palabras “buscaríamos la manera de dar un sacudón, detener a la Sala de lo Constitucional, significa no cumplir esas sentencias”, equivale a un golpe de estado contra la Constitución, ya que ésta es la que establece a la Sala como el intérprete único de su contenido. Según la Constitución, son las interpretaciones de dicha Sala las únicas que son válidas, no las opiniones del Secretario General del FMLN, o las del gobierno, o las de cualquier otra persona que pretenda erigirse en señor de vidas y haciendas en este país.
El llamado del Sr. González es una manzana atractiva para algunos que están en desacuerdo con la derogación de la Ley de Amnistía, y para algunos diputados suplentes en el caso de su propia abolición. Hay muchos que están a favor de las tres medidas también, incluyendo mayorías abrumadoras, creo, en la abolición de los diputados suplentes y de la aceptación de la denuncia contra el nuevo impuesto a la electricidad. Pero ninguno de estos demuestra la pasión mostrada por los que se oponen a la derogación de la Ley de Amnistía. Aunque la pasión está en estos últimos, y aunque habló de las sentencias en plural, el diputado se enfocó en el caso de los diputados, que parece afectar a pocas personas y por tanto podría ser ignorado por la mayor parte de la población. Parece tener poca importancia.
Pero la manzana está envenenada. Una vez que se logra contrariar una sentencia de la Sala, ninguna de sus sentencias, pasadas y futuras tiene ya importancia. Y con eso los derechos de la ciudadanía desaparecerían. Imagine usted que el gobierno y la Asamblea ignoran la eliminación de los suplentes. Esto establecería inmediatamente el precedente de que las sentencias de la Sala se pueden ignorar o contradecir. Inmediatamente el camino así establecido se usaría para no hacerle caso a la Sala de lo Constitucional en el caso de la derogación de la Ley de Amnistía. Muchos aplaudirían entusiastamente.
Pero entonces el gobierno podría pasar por decreto una ley de amnistía en la que los únicos juzgados y castigados serían los militares y la gente del gobierno de los años de la guerra. Estos pondrían una demanda de inconstitucionalidad contra la ley, pero como ya los mismos demandantes habrían apoyado la deslegitimación de la Sala, de nada serviría. Entonces el gobierno podría decretar que hay que meter presos sin juicio a todos los militares que sirvieron durante la guerra, y a los líderes de la oposición (como en Turquía). Y lo mismo pasaría: cualquier denuncia a la Sala de lo Constitucional sería irrelevante. Entonces los que se habrían comido la manzana envenenada abrirían la boca, ya en la cárcel, y pensarían, “Yo mismo me labré la estaca y me senté en ella”. Pero ya sería tarde porque para ese momento el gobierno ya estaría gobernando por decreto, lo cual sería inconstitucional, pero no importaría porque las sentencias de la Sala ya no servirían de nada. Igual sería el resultado si la sala es simplemente sustituida con otras personas totalmente obedientes al gobierno, como pasó en Venezuela o en Turquía.
Hay gente que dice que este es el momento de negociar con el FMLN porque está débil en todas las dimensiones: fiscalmente, en apoyo popular, y en peligro de ser afectados por los crímenes de guerra. Pero, por las mismas razones, para el FMLN este es el momento de ofrecer la manzana, luego vendrá el momento en el que el veneno actúe. Habrá gente que se escandalice con esto, diciendo que si dan su palabra los del FMLN tendrán que cumplirla. ¿Alguna vez ha visto esto suceder? El único curso correcto es proteger la institucionalidad del país. Este debe ser el parteaguas entre los que queremos el Imperio de la Ley y los que no. La mayor parte del pueblo está con la institucionalidad.
*Máster en Economía,
Northwestern University.
Columnista de El Diario de Hoy