Una de las grandezas del perdón radica en su incondicionalidad. Si yo digo que quiero perdonar, pero establezco condiciones para que tal cosa ocurra —la identidad de quien me ha agraviado, por ejemplo, o una relación de los hechos que motivaron la ofensa—, mi deseo de perdonar ya no nace de la magnanimidad, sino de las circunstancias que en la práctica me llevan a cumplir lo que declaro.
Hay personas que afirman haber perdonado en su corazón pero insisten en conocer a quién. Esa forma de perdonar es curiosa. También escuchamos decir que hasta Dios, en el sacramento de la confesión, necesita que el pecador arrepentido reconozca su culpabilidad y haga efectivo el desagravio (uno que, por cierto, es proporcional a la misericordia del ofendido y no a la imperfección del ofensor). Con todo respeto admito que me cuesta entender esta comparación, porque ni existe momento en que Dios desconozca la identidad del pecador ni parece honesto equiparar la justicia divina con la humana, aunque solo sea para disponer de un símil piadoso.
El asesinato de mi abuelo materno, en 1979, fue un acto de cobardía que destrozó a nuestra familia y la metió sin aviso en la locura de la guerra. A mi madre y a mis tíos, en medio de la tragedia, les resultaba incomprensible que hubiera grupos que justificaran la muerte a tiros de una persona por razones de “justicia social” o “reivindicación histórica”. Pero así como es muy difícil argumentar contra la injusticia siendo violentos, podemos abrir la puerta a nuevas injusticias exigiendo que la verdad histórica se ajuste a nuestros sentimientos e intuiciones particulares.
El derecho a la verdad no se opone al perdón. Tampoco el primero condiciona al segundo. Lo que hace que no podamos perdonar se encuentra fuera del ámbito legal o de la sanción impuesta a priori (incluso moralmente) por una de las partes afectadas. Cuando algunas entidades, ojalá con las mejores intenciones, nos hablan de “restituir la dignidad de quienes sufrieron atropellos”, o de “mecanismos jurídicos de perdón, condicionados a la colaboración con la verdad”, o del “perdón generoso (sic) ante el reconocimiento de la barbarie acontecida”, lo hacen desde una perspectiva que a mi familia, tan agraviada como fueron otras, le es completamente ajena.
Soy consciente, sin embargo, de que el enfrentamiento con las heridas del pasado es un trance personal. Me encantaría que los demás ejercieran su “derecho” a perdonar, que no es otra cosa que dejar de odiar o de volver a vivir la ofensa cuando el recuerdo asoma. Nosotros, al tomar la firme decisión de perdonar, desde entonces hemos tratado de ejercer un perdón “militante”, testimonial, que pueda ayudar a otros a hacer lo mismo. Pero tenemos claro que no podemos pretender que los demás acepten este camino, y menos exigir que el Estado lo haga en su nombre. De ahí que aprovechemos cuanta oportunidad tenemos para hablar de ese perdón y de esa paz interior que ningún proceso de justicia humana —tampoco nuevas leyes de “reconciliación nacional”, ni siquiera la “justicia transicional”— consigue otorgar a nadie.
En las cíclicas revisiones que se han hecho de los casos más emblemáticos del conflicto, eso que suele invocarse como “verdad” jamás llegará a tomar el apellido de “absoluta” porque se instalen juicios y algunas personas terminen en la cárcel o siendo exhibidas ante la sociedad. De hecho, para ilustrar los grados de subjetividad en que nos movemos, copio solo dos líneas de un reciente editorial universitario: “La amnistía decretada en 1993 se limitó a despreciar a las víctimas, sabiendo que la gran mayoría de las mismas eran pobres” (¡!). ¿De este tipo de “verdades” hablamos cuando decimos defender a los agraviados? ¿Y cómo esperamos que la contraparte actúe diferente si así decretamos la “historicidad” de nuestra muy particular mirada al pasado?
Muchos salvadoreños ya elegimos otra ruta. Y nadie puede decirnos que nuestro perdón no es de verdad.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy