El abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya acusó a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de “obstaculizar” el derecho de los ciudadanos a obtener información pública.
Específicamente, el profesional le reclama por el hecho de que ha frenado el trámite que obliga a entidades estatales a entregar información a los ciudadanos.
Por esa razón, Anaya presentó una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra la de lo Contencioso, integrada por los magistrados Sergio Luis Rivera, Dafne Sánchez y Elsy Dueñas y Paula Patricia Velásquez.
El profesional le achaca a la Sala de lo Contencioso ser “un ente judicial la que ha creado un obstáculo temporalmente insalvable para el efectivo ejercicio constitucional, como es el Derecho al Acceso a la Información Pública (DAIP)”.
Lo anterior, argumenta Anaya, es porque de esa manera la Sala de lo Contencioso Administrativo se ha convertido en el refugio para funcionarios y entes estatales que se resisten a proporcionar datos o información pública a los ciudadanos aun y cuando se los ha ordenado el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El abogado asegura que son más de 20 los casos de demanda en contra del acceso a la información pública que ha admitido la Sala de lo Contencioso, incluido uno contra su representada Genevieve Matilde Rosales Morales, a quien el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) hace más de dos años le negó la información relacionada con el funcionamiento del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), como actas del consejo directivo, estados financieros, etcétera, y que el IAIP ordenó su entrega.
Aparte de Bandesal, la ciudadana pidió esa misma información al Ministerio de Hacienda, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), en donde de igualmente le fue negadas. Bandesal acudió a la Sala de lo Contencioso para incumplir o dilatar la orden del IAIP.
Es una “estratagema para mantener el secretismo”
Esta práctica, a criterio del demandante, es una “estratagema” de los entes obligados de dar la información pública, para no cumplir. A esto, añade, está contribuyendo la Sala de lo Contencioso.
“En efecto, la práxis de la SCn/CSJ (Sala de lo Contencioso Administrativo) de admitir demandas contencioso administrativas de entes estatales obligados a entregar información pública, ha potenciado la estratagema de dichos entes para dilatar la entrega de la información y mantener el secretismo, a pesar que ya existen resoluciones del IAIP calificando de pública la información y ordenando su entrega...”, alega.
A la Sala de lo Contencioso han acudido aparte de Bandesal, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, para no pagar una multa que le impuso el IAIP. Asimismo, lo ha hecho el actual edil capitalino Nayib Bukele, ante la multa que le impuso el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), y más recientemente el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para evitar dar información relacionada al financiamiento de los partidos políticos (ver recuadros de casos).
Por este último caso, la semana anterior, la Sala de lo Constitucional le ordenó a la de lo Contencioso que le rinda informa sobre los motivos que la llevaron a frenar la información solicitada a Hacienda y si tomó en cuenta su sentencia anterior, en la cual estableció que la información relacionada con los donantes de partidos es pública y, por ende, debe ser otorgada a los ciudadanos.
El abogado Enrique Anaya dice que más de 18 meses han pasado desde que Bandesal se amparó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo y logró que ésta frenara el acceso a la información solicitada y todavía no ha resuelto definitivamente.
Más aún, considera el demandante, hay casos que pueden tardar entre tres y cinco años en que haya una resolución definitiva, e inclusive dice, según su “experiencia”, ha conocido procesos que han tardado hasta 10 años en manos de lo Sala de lo Contencioso.
“Claramente, las decisiones de la SCa/CSJ que se impugnan en ocasión de esta demanda van en línea frontalmente contraria al ejercicio de derecho al acceso a la información pública; al grado que es un ente jurisdiccional- la SCa/CSJ - la que crea y establece un valladar temporalmente insalvable para la efectividad del DAIP”, dice Anaya.
A criterio del abogado, la Ley de Acceso a la Información Pública establece que quienes están habilitados para acudir ante la Sala de lo Contencioso son los ciudadanos demandantes de la información pública y no los entes obligados, como es el caso de Bandesal y de otras instituciones que se han amparado en esa instancia judicial.