El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), publicó los resultados de su más reciente encuesta. Las cifras esbozan un país que enfrenta situaciones precarias en diferentes frentes, entre ellos, la seguridad pública. Los datos presentados son congruentes con diferentes síntomas evidentes en El Salvador. La corrupción y la desconfianza en las autoridades, temas estrechamente vinculados, son de los más críticos.
La encuesta dejó claro que la ciudadanía no está satisfecha con la labor del Ejecutivo. Según los resultados, 5 de cada 10 opinó que el actual gobierno no tiene ni un tan solo logro y 4 de cada 10 consideró que la situación general de El Salvador está peor. Estas cifras son consistentes con la calificación otorgada a los funcionarios del gabinete. Ninguno de los que están al frente de las instituciones encargadas de atacar la delincuencia, el principal problema del país según el 61.3% de los encuestados, figura entre los mejor evaluados.
Esto es especialmente importante considerando cómo el Ejecutivo ha intentado proyectar una renovación en la estrategia y gabinete de seguridad. Hace algunos meses, por ejemplo, cambió a uno de los funcionarios más leales al partido oficial, uno de los militantes más visibles de la izquierda radical, Benito Lara, y puso en su lugar como ministro de Justicia y Seguridad Pública a Mauricio Ramírez Landaverde, un policía de carrera, pero fuertemente vinculado al FMLN. La intención, como lo discutí en este mismo espacio en su momento, era crear la ilusión que el aparato de seguridad ya no sería influenciado por la línea partidaria del oficialismo.
El nivel de desgaste de Lara, así como de cualquier otro político, definitivamente contaminaba cualquier esfuerzo realizado en el campo de la seguridad pública, pero su cambio parece no haber revertido la mala opinión de los salvadoreños para con la dirección de la seguridad pública. Esto puede leerse desde diferentes ángulos. Por ejemplo, aunque Lara fue removido, el rol protagónico del aparato de seguridad lo retomó Óscar Ortiz, el vicepresidente de la República. El involucramiento de Ortiz pudo haber revertido el efecto que se pretendía tener con el cambio de Lara, especialmente considerando la reciente difusión de su vínculo con uno de los pocos salvadoreños etiquetado como narcotraficante internacional por el gobierno de Estados Unidos.
Los resultados de la encuesta también revelan que la ciudadanía desconfía de los funcionarios. Según los datos, la mayoría de los entrevistados (53 %) opinó que la corrupción ha aumentado durante la gestión de Sánchez Cerén. Además, el 96.9 % pidió crear una comisión anticorrupción en el país. Hay investigaciones criminológicas que establecen que en países que sufren crisis en seguridad y existe una percepción generalizada de corrupción, la ciudadanía desconfía de las autoridades y decide tomar la justicia en sus manos.
La situación del país ilustra perfectamente esta premisa. Los salvadoreños perciben que hay una crisis en seguridad, califican de forma negativa el abordaje oficial del problema y, además, desconfía de los funcionarios por corrupción. Los recientes casos en los que la Fiscalía General de la República ha revelado la existencia de grupos de exterminio, dejan al descubierto cómo los salvadoreños, acorralados por la delincuencia y decepcionados de funcionarios inefectivos y corruptos, ha decidido tomar la justicia en sus manos.
La investigación y judicialización de casos no tendrá ningún impacto sobre la dinámica producida por las condiciones que experimenta la ciudadanía. Si todo lo demás permanece constante, seguirán surgiendo grupos de extermino. Es necesario cambiar la percepción ciudadana sobre la corrupción generalizada, aislar al aparato de seguridad de la instrumentalización política e impulsar medidas que tengan un impacto significativo y sostenible.
*Criminólogo
@cponce_sv