Al cumplirse los dos años de gestión, el presidente Sánchez Cerén mantiene firmes los apoyos de la cúpula del FMLN, conserva en el Gabinete a exejecutivos de Alba Petróleos, los miembros de diferentes “movimientos ciudadanos” que respaldaron su candidatura en 2014 presiden las mismas instituciones y ha logrado una “gobernabilidad legislativa” aceptable. Su gobierno continúa con la “pureza ideológica” con la que inició en 2014. Los principales líderes de su partido retienen los ministerios con los mayores presupuestos y con una capacidad muy amplia para realizar “trabajo territorial” a nivel nacional.
Los consensos se le han dificultado con las gremiales más representativas del sector empresarial y con buena parte de los sindicatos del sector público. Aunque el Presidente visitó la sede de la ANEP en la recta final del segundo año, instruyó al Vicepresidente para darle continuidad al encuentro y se estableció una agenda de trabajo conjunta, no pueden esconderse los momentos de tensión y confrontación entre ambos actores a lo largo de los últimos doce meses. La propuesta gubernamental de reforma del sistema de pensiones y el procedimiento utilizado para el aumento del salario mínimo exacerbaron aún más los enfrentamientos entre públicos y privados. Los trabajadores, por su parte, reclamaron violaciones a la libertad sindical, el incumplimiento de los contratos colectivos de trabajo en materia de aumento salarial, la falta de insumos y una deplorable infraestructura en escuelas y hospitales.
El segundo año de gobierno presentó también luces y sombras en relación al compromiso con la democracia. Ciertamente el Mandatario no impulsó ninguna iniciativa para modificar la forma de gobierno establecida en la Constitución, respetó la separación de poderes y no promovió acciones en contra del pluralismo político. Sin embargo, en las conclusiones del primer congreso celebrado los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2015, su partido propuso todo lo contrario. El desmontaje de las libertades económicas, la intervención del Estado en sectores estratégicos de la economía, la lucha por el control de la Sala de lo Constitucional, el dominio de los medios de comunicación, la “partidización” de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la República, entre otras, son sólo algunas de las iniciativas del FMLN para “el corto, mediano y largo plazo”.
Si bien el presidente mostró un comportamiento prudente y cauteloso en la inauguración del congreso, una vez publicados los tres documentos aprobados por los delegados, el gobernante no se distanció de los postulados del partido y guardó un silencio que cada quien interpretó en función de sus convicciones democráticas o antisistema.
En el ámbito de la seguridad pública, después de la masacre de San Juan Opico, y no obstante haberse implementado una serie de medidas con anticipación a ese hecho, el presidente cambió su discurso, de uno en el que negaba la magnitud del problema, endosándosela a los medios de comunicación al acusarlos de “sobredimensionar la violencia”, a otro en el que reconoció la grave situación de inseguridad y solicitó el apoyo de todas las fuerzas políticas para la aprobación de las medidas extraordinarias.
Ese consenso político y la reducción de homicidios en los últimos dos meses, antes del segundo aniversario de su mandato, son aspectos que deben valorarse positivamente. Los avances en la materia se han visto ensombrecidos por la acusación de presuntas “ejecuciones extralegales”, el aumento de masacres, el asesinato de policías y militares, el desplazamiento forzado de las familias amenazadas por las pandillas y la falta de continuidad de los planes de prevención incluidos en el “Plan El Salvado Seguro”.
La eficacia de la administración hereda deudas importantes en el avance de infraestructura estratégica como el Puerto de La Unión, el incumplimiento de metas en algunos de los programas sociales insignias, aunque se registra una buena evaluación en materia de capacitación de docentes por parte del Ministerio de Educación.
Al presidente le queda muy poco tiempo de “paz electoral”. Vienen los comicios legislativos y municipales en 2018 y los presidenciales en 2019. Debe apresurarse a configurar su legado revisando la metodología para dialogar con los sectores y las estrategias para concretar el despegue económico y social del país.
*Columnista de El Diario de Hoy