La Cámara Primera de lo Penal resolvió que el locutor Maximiliano González conocido como "el gordo Max" y otros tres acusados sean procesados por el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador y ya no por el Séptimo de Instrucción por existir conflictos de intereses, según la oficina de prensa del Centro Judicial "Isidro Menéndez".
González es acusado junto a Luis Alonso Marroquín, Ernesto Regalado O’ Sullivan, Alejandro Maximiliano González y Salvador Enrique García, de haberle pagado a una menor de edad por actos sexuales eróticos. La víctima tiene la clave Azul en el proceso judicial.
La decisión de los magistrados se dió luego de aceptar la pretensión de dos abogados de separar al juez Séptimo de Instrucción Miguel Ángel García.
En ese sentido, los magistrados designaron al juez Octavo de Instrucción Mario Mira Montes para que siga depurando el proceso en contra de Max González y los otros tres imputados.
Lo que motivó a los abogados Edgar Morales Joya y Yanira Ticas, es que ellos fueron denunciados por el juez García ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ellos son los defensores del procesado Luis Alonso Marroquín.
El referido juez en su denuncia señala que Morales Joya y Ticas, protagonizaron "actuaciones procesales indebidas en el caso del expresidente Francisco Guillermo Flores".
El juez García conoció del proceso judicial en contra del expresidente Flores en su etapa de instrucción. Morales Joya y Ticas fueron los abogados defensores de Flores.
Sin embargo, los magistrados argumentaron que "esta actuación de un juez instando mediante informe la investigación profesional de un abogado puede ser encuadrada en la figura de denuncia".
Agregan que puede "generar un temor infundado de no imparcialidad respecto a la parte recusante”.