Durante los últimos años, las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se han caracterizado por ser decisorias en temas críticos para el país. Algunos sostienen que, por ejemplo, gracias a esas sentencias, el oficialismo no ha logrado imponer sus intereses partidarios sobre los de la ciudadanía, evitando así consecuencias catastróficas para El Salvador. Otros, en desacuerdo con la dirección de las sentencias al encontrar inusual resistencia para la consecución de sus objetivos políticos, han protestado por el poder que las leyes confieren a las decisiones de los magistrados.
La Sala ha emitido varias sentencias relevantes, pero en esta columna quiero hacer referencia a una reciente, ya que propiciará un cambio sustancial en el sistema de justicia penal salvadoreño. Hace algunos días, se hizo pública una sentencia en la que se decretan inconstitucionales las condiciones de los centros penitenciarios y bartolinas policiales, bajo las cuales las personas capturadas y condenadas purgan penas y guardan detención preventiva. Además, se giran instrucciones para remediar la situación.
Esta sentencia tiene el potencial de impulsar un cambio en el sistema penitenciario salvadoreño, que lastimosamente ha sido postergado sin una explicación lógica. La modernización de la infraestructura carcelaria simplemente no ha sido una prioridad. Las últimas adiciones sustanciales al sistema se hicieron antes del 2009. Desde entonces todo parece haberse abandonado.
Es común escuchar en conversaciones cotidianas en las que abordan temas como éste, que las personas que cometen delito se merecen vivir en las pésimas condiciones que ofrecen los centros penitenciarios. La tendencia popular es equiparar el castigo de vivir en esas condiciones con la gravedad del delito perpetrado y la peligrosidad de los internos. Bajo esas condiciones, sin embargo, se empodera a los delincuentes más peligrosos, que aprovechan el desorden y la falta de control inevitable en ese tipo de escenarios, para imponer sus reglas y establecer su dominio.
El desorden que ha imperado en los centros penitenciarios solo favorece a los funcionarios corruptos, a los criminales más peligrosos y a las estructuras criminales. El desorden en los presidios es lo que permitió que durante “la tregua”, por ejemplo, cabecillas pandilleros fueran sacados para cosas tan ridículas, indignantes e ilegales como reunirse con un negociador para grabar un video en su teléfono y subirlo impunemente a las redes sociales. Ese mismo desorden es el que permite que custodios penitenciarios corruptos reciban dinero a cambio de llevar y traer mensajes para grupos delictuales o de ingresar objetos prohibidos a los penales. El desorden es lo que ha convertido en un negocio millonario las tiendas al interior de los presidios del que se han aprovechado funcionarios corruptos y delincuentes.
El desorden, además de evitar que impere la ley dentro del sistema penitenciario, no solo empodera a los criminales peligrosos y grupos delictuales, sino que también inhibe el desarrollo de programas orientados a la rehabilitación y readaptación de los que quieren cambiar su camino. Esto nunca se logrará potenciando a los cabecillas de las estructuras criminales, que son los que más se benefician de la falta de control de las autoridades.
Modernizar la infraestructura carcelaria tiene el potencial de beneficiar a la ciudadanía en general, ya que puede servir para quitarle poder a quienes ahora mandan y se benefician dentro de los penales y, además, puede propiciar la creación de condiciones en las que prevalezca la legalidad y, en consecuencia, permitan cambiar el enfoque de la administración penitenciaria. Es necesario apoyar y exigir que las condiciones en los centros penales cambien, por el bien de El Salvador.
*Criminólogo
@cponce_sv