Según el director del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca, en España, la corrupción afecta a los países de formas más profundas que solo una pérdida de recursos importantes.
José Ignacio Sánchez Macías, experto en análisis económico del derecho y finanzas públicas, lamenta que la corrupción también socava la confianza en los sistemas políticos y genera desafección en los ciudadanos. Esto, explica, abre la puerta al populismo y al debilitamiento total de las instituciones.
Según el académico español, más allá de un enfoque punitivo, que es importante, los países deben fortalecer sus instituciones de control de los actos políticos y administrativos a fin de disuadir a quien pretenda abusar de los recursos de todos.
En una conversación con El Diario de Hoy, el experto habló de corrupción, institucionalidad, las bases de la democracia y el rol de los medios de comunicación. Esto es lo que planteó:
¿Qué avanza más rápido, la información en la sociedad o la sofisticación de la corrupción?
Yo creo que el hecho de que ahora tengamos más casos de corrupción que salen en los medios pone de manifiesto que aunque haya más corrupción también es más fácil detectarla que hace cincuenta o sesenta años cuando la impunidad era mayor. Además, la sociedad ha decidido que el desvalor y la opinión desfavorable y el reproche acerca de la corrupción son muchísimo mayores que antes.
Somos más intolerantes, afortunadamente, con respecto a la corrupción. Aunque sea un fenómeno que todavía es abundante, ya no lo disculpamos y nos parece que nuestros gobernantes y políticos, nuestros empresarios y proveedores -porque la corrupción puede ser pública o privada- están convencidos de que deben comportarse de manera proba. Nos lo deben porque somos nosotros sus jefes, los individuos que pagamos impuestos y ellos trabajan para nosotros.
¿Se ha democratizado la discusión sobre la corrupción o es tema de intelectuales?
La discusión sobre la corrupción está en los cafés, está en los medios, en las conversaciones cotidianas, nos preocupa y nos toca la sensibilidad cotidiana y eso yo creo que es porque ahora nos sentimos mucho más defraudados y queremos ser mucho más radicales ante el combate a la corrupción. Las soluciones al tema están mucho más en boga que hace algunos años. Le preocupa a Naciones Unidas, a la Unión Europea y muchas otras organizaciones internacionales que tratan de medir, corregir y combatir a través de la transparencia las prácticas corruptas. La corrupción preocupa y no solamente a los intelectuales, nos preocupa a todos.
En la corrupción ganan pocos y pierden muchos. ¿Cómo combatir el poco incentivo del individuo a pronunciarse si sus pérdidas son mínimas?
Esa es una de las esencias de por qué hay corrupción. Primero, porque los perjudicados son muchos y a veces tienen pocos incentivos a ser ellos individualmente los que denuncien, combatan pues tienen mucho más por perder de lo que pueden ganar. Por eso la corrupción no es un fenómeno en el que un individuo lleve él solo por la parte pequeñita que le corresponde un tema a los tribunales. Por eso hay asociaciones, por eso hay grupos de interés, organizaciones no gubernamentales y legitimación para que las acciones judiciales las presenten representantes de colectivos, perjudicados o contribuyentes.
Hay una variable intermedia importante y es que el corrupto también se puede enfrentar a que no todos son beneficios en la corrupción, también hay costos. Entonces, en su cálculo racional al sopesar costos y beneficios, será corrupto solo si le sale a cuenta pues es más positivo que negativo. Sus costos se miden en términos de probabilidad: qué tan probable es que me agarren y descubran mi corrupción, piensan. Precisamente en esa variable de aumentar la probabilidad de que pueda ser sancionado por actividades corruptas es un efecto disuasorio.
Hay casos como el de El Salvador donde la polarización lleva a ver selectivamente la corrupción. ¿Es esto peligroso?
La visión partidista donde disculpo la corrupción si es de los míos y la combato si es de los demás es una visión muy miope. Por eso, conviene más corregir institucionalmente la parte del ordenamiento jurídico que hace innecesario que yo me pronuncie o denuncie el acto de corrupción, pues el propio sistema, gobierne quien gobierne, tendrá los resortes para detectar y prevenir y combatir la corrupción.
Entonces no importa el comportamiento partidario, es el propio sistema el que lo detecta. Es conseguir que el ordenamiento jurídico y la estructura institucional cree sus propios anticuerpos sin que desde fuera nadie tenga que inyectar presión es el objetivo institucional.
En el caso contrario, como sucedió en Guatemala, la corrupción generó un cinismo de creer que todos todos son corruptos y eso los llevó a buscar un líder carismático fuera del sistema. ¿Es esto un riesgo?
Justamente en una conferencia que di aquí en El Salvador hablaba de cómo la corrupción no solo se mide en términos de costos de redistribución, donde lo que debería tener A se lo llevó B. La corrupción tiene costos importantes como pérdida de productividad, que son económicos, pero los más importantes son los de desapego político.
En una época donde la tecnología nos permite ser más conscientes de casos de corrupción con nuestro dinero, si el propio sistema no se vuelve inmune y busca combatir estos malos usos de recursos, el desencanto de la gente es lo habitual y crece el populismo y los partidos antisistema que prometen soluciones fáciles a problemas difíciles.
Eso erosiona las bases del sistema democrático y del Estado de Derecho porque por un desapego y sentirse defraudado por el sistema político, lo elevamos a la categoría de que la democracia está mal y no es así. Para que la democracia funcione bien, debe haber rendición de cuentas y eso no debe ocurrir. En todos los países hay problemas de corrupción y el asunto no es que no la haya sino cómo se reacciona y que se trate de que esos comportamientos nada ejemplares son castigados y que la gente vea que la tentación de ser corrupto no rinde.
Vemos casos como Odebrecht que contaminaron en algunos países a toda la clase política. ¿Es factible pensar en un enfoque penal de tal envergadura? ¿Puede la corrupción socavar todas las bases de un sistema?
Cuando hay empresas públicas o privadas que realizan prácticas corruptas, y de esto hay ejemplos sobrados, el enfoque penal no es la única respuesta. A más largo plazo, una respuesta sostenible es que la ciudadanía y los gerentes de estas empresas sepan que ser corrupto es desvalorado por sus clientes, proveedores y los ciudadanos de los países.
La herramienta educativa es la más importante pero es la que más tarda en rendir frutos, es de más largo plazo, pero tenemos otras medidas como que sean las propias empresas que no quieran participar en actividades corruptas las que puedan en el mercado demostrar que están limpias.
Mientras ese cambio cultural se da, ¿qué hacemos con los que ya sabemos que han sido corruptos?
Aplicar el imperio de la ley. A los que no seamos capaces de detectar nada, nada les podemos hacer, pero los que hayamos sido capaces de detectar habrá que aplicarles el castigo y que sufran las penas que sea, administrativas o penales. No se puede ser transigente ante quien conscientemente y a sabiendas de las consecuencias actuó de esa forma.
Sobre esto hay una discusión sobre inhabilitaciones a cargos públicos a quienes incurrieran en cualquier tipo de corrupción. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que todos los países en su reforma institucional tienen que ser capaces de determinar algunas cuestiones y una de ellas es deslindar los momentos de la responsabilidad patrimonial, la penal, la económica y la política. Y hay que establecer en qué momento las personas que han sido condenadas por delitos de corrupción quedan o no inhabilitadas políticamente.
Pero eso tiene que estar en las normas y no depende de los partidos. En España hay casos de corrupción pero afectan a todos los partidos y como es una defensa del sistema por completo y no de un bando, lo que podemos pedir es que se pongan de acuerdo en un pacto de Estado y evitar que se use esa inhabilitación como arma antojadiza y la corrupción basta con hacer una pequeña denuncia para una “pena del noticiero”.
Hay que determinar en qué momento por ley es exigible a un cargo público que se aparte por casos de corrupción o cualquier conducta impropia. Hay que garantizar presunción de inocencia pero es insostenible que personas confesas y condenadas puedan seguir disfrutando de la impunidad política que puede ofrecer un vacío legal. Hay que llenar ese vacío y establecer una norma de responsabilidad política.
Cuando todo un sistema se ve involucrado y los políticos deciden amnistiarse, ¿se ve afectada la lucha contra la corrupción?
El problema es lo que los economistas llaman la inconsistencia atemporal, es decir, una solución en la que uno diga: “solo por esta vez no lo perseguiré” es probable que no sea creíble. No me disuade, pues si esto sigue ocurriendo igual que ha habido esta amnistía ahora, la podrá haber en unos años. Dijeron que sería la última pero no va a serlo probablemente. No coincide lo que uno verbaliza en tiempo electoral, en compromiso con la transparencia, con lo que acaba siendo cierto.
¿La certeza de castigo debe estar en cualquier nivel de corrupción?
Yo creo que el ordenamiento jurídico penal debe aplicarse con proporcionalidad. No es lo mismo un hurto de $5 que un desfalco de $50 millones, pero creo que la actitud de intolerancia a la corrupción debe ser la misma. Otra cosa es que las consecuencias se gradúen, pero no podemos decir que un escándalo por ser pequeño se debe dejar pasar. Eso desmotiva al ciudadano. El comportamiento éticamente irreprochable es exigible tanto para el que agarra $10 que no le corresponden porque a veces no agarró más porque no estuvo en posibilidad de hacerlo.
¿Qué pasa cuando se mira la corrupción como el aceite de una burocracia que no se mueve? ¿Es, un nivel mínimo de corrupción aceptable?
La corrupción nunca es aceptable, nunca se pueden buscar atajos. Si el problema es uno de ineficacia en la administración, la solución está en modificarla. Si los procesos administrativos son ineficientes, la solución es hacerlos eficientes aplicando nuevas tecnologías, mejor capacitación de personal, pero nunca la utilización de medios ilícitos justifica un fin de este tipo. Es más una coartada, una disculpa y si se piensa que esa es una respuesta ante el mal funcionamiento de una administración, lo que se debe hacer es invertir en esta para que haya más medios y funcionarios y más controles.
Mucho de esto pasa por reducir la burocracia, ¿qué pasa cuando el costo político de remover gente de la administración es muy alto?
No necesariamente se va gente. A veces implica que el sector público realice actividades de mayor valor añadido. Pensemos en “el sello” o cualquier trámite pequeño. Estamos acostumbrados a que los trámites son los que son y pensamos en que estos son la prioridad y no establecer los controles de la efectividad de estos a posteriori. Nos preocupamos mucho del momento originario del acto administrativo pero no de la evaluación de los resultados.
No necesariamente el reducir la burocracia implica perder empleos. A veces los podemos colocar en lugares donde pueden ser mucho más rentables socialmente.
En países con necesidades apremiantes, hay quienes creen que la corrupción es un problema de lujo y no es prioritaria si se compara con crisis de seguridad o pobreza.
Un Estado que funcione lo primero que tiene que garantizar es que sus actividades generales, como seguridad, defensa y orden jurídico funcionen bien. Lo primero, sin lo que no hay Estado, es si el sistema judicial no funciona. Si un país tuviera un judicial sin seguridad jurídica o garantía de derechos, formalmente podría ser una democracia pero realmente no lo es. Por lo tanto, claro que es importante luchar contra la pobreza o mejorar la sanidad, la educación y son decisiones esenciales. Pero el dilema de invertir un euro para sanidad versus invertir un euro para combatir la corrupción es un dilema falso. Estoy seguro que en todos los países podemos encontrar que sin minorar el presupuesto de educación o salud, sin minorar el de lucha contra la pobreza, seguro somos capaces de ahorrar de otros sitios o gasto superfluo para combatir la corrupción. Muchas veces no es cuestión de gastar menos sino implica que en toda la administración gastamos mejor. Así tendremos los mismos servicios públicos y un remanente para invertir.
Aquí se ha pedido una comisión contra la impunidad porque no hay dinero, que se violaba la soberanía del país. ¿Cómo ve esta respuesta?
Una cosa es la financiación y otra que un problema nuestro lo solucionen desde fuera... Yo pienso que los problemas pasan por el mejoramiento del sistema institucional, y en lo que tiene que ver con la corrupción, pero con eficacia de la administración, transparencia y el funcionamiento de las instituciones. Eso no nos lo pueden hacer desde fuera.