La Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES) hizo un “urgente llamado” a las autoridades salvadoreñas para que aseguren “el total y puntual pago” de la próxima cuota de la deuda con el fondo de pensiones.
La gremial señaló al Ejecutivo la necesidad de generar acuerdos políticos, lo antes posible, pues en julio el gobierno debe pagar $41.7 millones en concepto de vencimiento de Certificados de Inversión Previsional (CIP); instrumentos que, en palabras simples, validan que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) le presten dinero al Estado para que este pague las pensiones de los jubilados del ISSS e INPEP.
Honrar el compromiso a tiempo permitiría garantizar que no exista el riesgo de que la calificación soberana de El Salvado sea degradada nuevamente a la categoría de “Default Selectivo”, insistió ASES.
Además, las empresas del sector asegurador del país pidieron que se concrete una reforma integral del sistema de pensiones de manera que permita pensiones sostenibles, proteja los ahorros individuales de los afiliados al Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) e incremente la cobertura y beneficios.
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Para ASES también es importante que la reforma aprobada incorpore y desarrolle instrumentos de rentas vitalicias que provean alternativas de financiamiento y mejoren la inversión de los cotizantes; disminuya la carga para las finanzas públicas y solidifique el sistema de pensiones en su conjunto.
¿Otro peligro de impago?
El pasado abril, el gobierno salvadoreño no pagó unos $55 millones de la primer cuota del año al fondo de ahorro de los trabajadores.
Aunque cumplió con el compromiso tres semanas después de la fecha, el “impago” le valió para que tres agencias calificadoras de riesgo soberano (quienes etiquetan a los países sobre si son buena paga o no) bajaron la nota al país en cuatro ocasiones.
A finales de mayo, el presidente de ASES, Eduardo Montenegro, aseguró que la situación de impago en la que cayó el país tendría un efecto en el desenvolvimiento del sector; pues aunque las empresas tengan un buen récord crediticio, su calificación internacional no puede ser mayor que la del país donde opera.
“Una compañía aseguradora salvadoreña no puede tener un mejor rating que el techo soberano, que está muy bajo; y eso nos dificulta hacer negocios con otros países de Centroamérica”, dijo en ese momento el representante.
La reforma de pensiones vendría a afectar a los trabajadores, ya que perdería parte o la totalidad de sus ahorros.
Pero las aseguradoras no son las únicas entidades preocupadas porque a pocos días de la próxima fecha de pago, el Estado no tiene presupuesto para honrarlo, y tampoco ha avanzado en la aprobación de una reforma al sistema de pensiones. Así, sin reforma ni presupuesto seguro, el riesgo de no pagar a tiempo y que las calificadoras vuelvan a degradar la nota del país, sigue latente.
Lejos de buscar una solución permanente e integral, y considerando que en julio se alcanza el tope máximo de lo que el fondo puede prestarle al Estado, la última petición del Ejecutivo ha sido poder aumentar ese límite en 5%. Es decir, el gobierno podría pedir prestado hasta el 50% de los $9,700 millones que desde 1998 ha acumulado el fondo de ahorros de los cotizantes de las AFP.
Según la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), desde 2006 más de $5,600 millones son los que el Ministerio de Hacienda ha pedido prestado a los afiliados de las AFP. Solo entre enero y junio de este año, las compras obligatorias de CIP suman otros $262 millones.
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Llama a aplicar la ley
En su campo pagado este viernes, ASES también pidió dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Fiscal, “implementando a la brevedad posible las acciones acordadas que garanticen la sostenibilidad fiscal de los programas de inversión social, y demás erogaciones de carácter prioritario”, y “realizar los ajustes necesarios para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita al gobierno cumplir con sus obligaciones a corto y mediano plazo”.
Solo así, dijo ASES, iniciar a mejorará la calificación de riesgo que, en consecuencia, atraerá inversión, crecimiento económico y empleos.