Se esperaba que el foro sobre el Proyecto de Reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones fuera un espacio para analizar diferentes criterios del proyecto. Lamentablemente, fue una plataforma para que líderes de sindicatos afines al Frente culparan a las AFP de todos los males del sistema previsional, exigieran su desaparición y alabaran el sistema de reparto, confundiendo más a la población ingenua.
El ministro de Hacienda, en larga intervención presentando cifras, que muy pocos entendían, exhortó a los diputados a aprobar la reforma, para aliviar el problema fiscal, incrementado por las pensiones, aunque la deuda previsional representa el 2.63% del presupuesto. Insistió en el carácter solidario de la reforma para dotar a todos de una pensión universal, omitiendo que la pensión mínima dependerá de la disponibilidad de recursos del Estado, según el art. 63.
Tampoco mencionó que, en 2014, un equipo técnico del Ministerio de Hacienda, Banco Central de Reserva y Superintendencia del Sistema Financiero advirtió que el sistema mixto dejaría a muchos trabajadores con una pensión mínima, que podría no pagarse por la mayor carga fiscal que crearía esta reforma, complicando más las finanzas públicas.
Los líderes sindicales de Alianza Social para la Gobernabilidad y Justicia, Asociación de Trabajadores Jubilados y Pensionados de ES, la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro defendieron apasionadamente la reforma entre los calurosos aplausos de la numerosa concurrencia, lo que más pareció un mitin popular callejero, y no un foro serio para analizar un proyecto tan trascendente para el país.
Recordaron las bondades del INPEP que otorgaba préstamos para adquisición de vivienda y vehículos, omitiendo que estas grandes prestaciones y las bajas cotizaciones, causaron la quiebra de esta institución. Acusaron a las AFP de haberse apropiado de $1,400 millones, repartidos entre bancos y compañías aseguradoras, y exigió que, por ley, desapareciera el sistema privado. Afirmaron, falsamente, que en todos los países con este sistema las AFP habían quebrado y estaban regresando al sistema público.
El Dr. Bertrand Galindo explicó los vicios de inconstitucionalidad que podría tener la reforma, pues una transferencia forzosa de los ahorros al gobierno violentaría el derecho de propiedad, y estaría sujeta a indemnización. Pero el abogado de FESPAD Lic. Abraham Abrego rechazó tales argumentos, asegurando que la Asamblea Legislativa tiene plenas facultades para recuperar bienes administrados por particulares, porque según él, los trabajadores no son propietarios de los fondos ahorrados en las AFP, pues no pueden retirarlos en el momento que los necesiten.
El representante de CONTRADEFOP lamentó que, hasta el momento, el Ministro de Hacienda no haya presentado los estudios actuariales en que basó la reforma, supuestamente realizados por el BID, sugiriendo la creación de una mesa técnica formada por el sector laboral, sector privado, con la supervisión de la OIT, considerando que los que menos ganan, serían los más afectados con la reforma.
Los diputados del FMLN insisten en que ya hay una redacción de la ley, que solo se está afinando para ver si amerita hacerle cambios, y que la propuesta ha sido ampliamente discutida, consultada y debatida, y que es urgente su aprobación. Conclusión: todo está ya cocinado, les urge llevarse los $4,500 millones de los ahorrantes, y si no se aprobó en la plenaria del jueves, a pesar del lobby de Cáceres y Hato, tal vez fue por temor al Art. 106 de la Constitución que “prohíbe la confiscación, y que las autoridades que contravengan este precepto, responderán con sus personas y bienes del daño inferido”. Esperemos los próximos capítulos de la farsa, pero no nos descuidemos.
*Columnista de El Diario de Hoy.