El tema de las pensiones está grave. Grave, porque de algún modo, nos estamos dando cuenta los cotizantes que podríamos quedar verdaderamente impotentes frente a las reformas planteadas por el gobierno de instaurar un sistema mixto de reparto. Algunos acusan a quienes nos oponemos al sistema de reparto de “individualistas” o de faltos de solidaridad.
No es individualismo: es desconfianza en el gobierno. Desconfianza justificadísima, puesto que en lo que al manejo de recursos se refiere, no tienen el mejor historial, tanto gobiernos de izquierda como de derecha. No es que al cotizante le falte la solidaridad ante el pensionado de la tercera edad: el tema es que el saco del que se pretende sacar para darle al pensionado de la tercera edad está roto, y el agujero negro de incompetencia, ineficiencia y malversación lo hemos llegado a conocer demasiado bien.
Si algo debe concedérsele a quienes empujan la agenda gubernamental en este debate, es que no les ha faltado credibilidad. En una instancia que a muchos de nosotros nos hizo retroceder en el tiempo y volver a los días de estudiantes de derecho, fue la absurda interpretación que un analista representando a FESPAD hiciera de la reforma planteada, negando la propiedad que sobre nuestros fondos tenemos los cotizantes. Por un momento, muchos no sabíamos si lo que leíamos era el titular de un periódico, o un caso inventado por un creativo profesor de Derecho Civil, buscando torturar a sus desvelados alumnos en un examen parcial de Bienes.
Según el analista no existiría extinción de dominio de pasarse la reforma, porque según él, los ahorros que se generan de retenerle su sueldo al cotizante, no pertenecen a los cotizantes. Esto equivale a decir que parte de los frutos de su trabajo no le pertenecen. La confusión (asumiendo en buena fe que tan bizarra interpretación de los derechos de propiedad proviene de la confusión y no de motivaciones políticas) parece venir del hecho que el uso de los fondos, mientras permanecen en las cuentas individuales, está restringido. La existencia de limitaciones en el uso no equivale a la extinción de la propiedad.
Desde el punto de vista político, vale la pena que nos dejemos de eufemismos. La reforma que busca impulsar el gobierno no tiene trasfondo solidario ni busca mejorar el sistema previsional. Volver al sistema de reparto simplemente serviría para beneficiar al gobierno que busca con los ahorros de los cotizantes cancelarse un pasivo, puesto que en la actualidad los ahorros de los cotizantes son deuda pública-- si los ahorros se vuelven públicos, la deuda desaparece. Si lo que se busca es alivio fiscal, cualquiera pensaría que se buscaría la solución en recortes de gasto o reestructuración de la deuda pública. Agregue además que la transición al sistema mixto implicaría nuevos gastos en sí mismos, puesto que sería necesaria la creación de infraestructura burocrática para administrar los pagos de pensiones vitalicias. Se pensaría que la decencia impide echar mano del esfuerzo de los trabajadores con el fin de continuar financiando despilfarros, pero el empeño demostrado por impulsar las reformas han demostrado que exigir decencia es optimismo rayano en la ingenuidad.
Oponerse a la reforma no equivale a decir que el sistema previsional es perfecto: Mariana Belloso, en una columna de febrero, señalaba correctamente las deficiencias actuales, las que hacen que valga la pena tener un foro para discutir estas insuficiencias del sistema. Los bajos rendimientos, la falta de acceso a las AFP por parte de los trabajadores económicamente desaventajados, la imposibilidad de retirarse por parte del sector informal, por mencionar algunos. Sin embargo, porque el problema previsional se está abordando desde el punto de vista de un alivio fiscal, todos estos temas permanecerán ignorados.
*Lic. en derecho de ESEN con maestría
en Políticas Públicas de Georgetown
University.
Columnista de El Diario de Hoy
@crislopezg