La primera pregunta que los salvadoreños debemos hacernos en el caso de la supuesta escasez de agua potable es: ¿cómo es eso posible en un país donde caen 1,800 milímetros de lluvia al año?
Inclusive considerando los últimos tres años en que las lluvias han sido irregulares, es difícil comprender cómo en siete años de gestión, el gobierno actual no ha podido generar progreso en el abastecimiento de agua potable.
En ANDA, al igual que en el resto de instituciones del FMLN, la respuesta es buscar culpables externos a los problemas que ellos no pueden solucionar: malas gestiones anteriores, falta de una ley general de aguas, etcétera.
Lo cierto es que la única solución que se les ocurre, no solo en ANDA, sino en absolutamente todas las instituciones, es pedir dinero prestado. Dinero que se les ha dado a manos llenas y que el único sitio donde es visible es en los papeles que dicen que habrá que devolverlo y con intereses.
El artículo 117 de la Constitución de la República dice: Es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible.
Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la Ley.
A pesar de lo anterior, lo que hemos visto es una gran permisividad del Estado en lo que a proteger los recursos naturales se refiere, una baja tasa de aprovechamiento del agua y poco o nulo cumplimiento de la ley de áreas naturales protegidas, algo en lo que notamos ineficiencia por parte del ministerio de Medio Ambiente.
Además de todo, resulta inaceptable que el presidente de ANDA diga que parte de la problemática del desabastecimiento de agua tiene que ver con fugas en las tuberías (que son muy viejas) e infraestructura deteriorada, sin haberle dado la atención debida en los últimos años, a pesar de los enormes y escandalosos incrementos en la facturación por parte de la institución que dirige.
ANDA cuenta con $ 121, 255, 720 millones en recursos para este año y reporta cuatro mil doscientas sesenta y ocho plazas (4,268), cuando en 2009 poseía la mitad de empleados: 2,710.
Eso significa un enorme aumento para el área de remuneraciones: de $ 28.17 millones en 2009 a $ 58.71 millones en 2016, solo para pagar a empleados que no están generando buenos resultados, lo que nos lleva a pensar que muchos de ellos podrían ser puestos políticos, o pagos de favores, todo menos personal óptimo para realizar el trabajo que allí se necesita.
El último incremento realizado por ANDA el año pasado obligó a llamar al presidente de esa institución al seno de la comisión de economía, a explicar el mecanismo utilizado para la imposición de las nuevas tarifas, algo que le llevó mucho más tiempo del otorgado, lo que nos hizo pensar que, efectivamente, no hubo un estudio técnico para hacerlo, y lejos de eso, lo que reinó fue la improvisación.
Al no existir un estudio técnico, la ANDA corrió el riesgo de afectar a la población más vulnerable, tal como lo podemos comprobar ahora que sabemos que han sido mujeres jefas de hogar y pequeños comerciantes que apenas subsisten con lo que generan, quienes se han visto duramente golpeados con esa alza indiscriminada en las facturas.
ANDA recibe más recursos, pero proporciona menos agua, algo que ha obligado a la población a optar por el último recurso disponible: el cierre de calles, en protesta por los recibos que no dejan de llegar y el agua que no cae.
No hay que ser expertos para concluir que: en ANDA no hay una optimización de recursos, las instancias que por ley deben proteger el recurso hídrico no están haciendo bien su trabajo, y mientras ANDA y sus dirigentes sigan buscando excusas, los salvadoreños nos tendremos que acostumbrar a vivir en constante alerta por la escasez.
*Diputada