La Asamblea Legislativa finalmente accedió, obligada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a revelar alguna información referente a los salarios y al número de empleados legislativos que tienen los distintos grupos parlamentarios. Utilizando estos datos, que rápidamente se divulgaron a través de diversos medios, podemos constatar que si dividimos el número de empleados que tiene cada grupo parlamentario, entre el número total de sus diputados, el PDC tiene 35 empleados para 1 diputado; GANA tiene 18 empleados por cada diputado; el CN tiene 17 empleados por cada diputado; ARENA tiene 9 empleados por cada diputado; y el FMLN tiene 5 empleados por cada diputado. Sin embargo, los 14 diputados que forman la Junta Directiva (que además gozan de un mayor salario) tienen a 208 empleados a su servicio, con lo cual se aumenta el número de empleados por cada diputado. Esta cantidad de personal es envidiable hasta para muchos grandes empresarios, y le cuesta al país $33.4 millones al año.
Acceder a esta información fue una verdadera batalla de David contra Golliat, en un legítimo ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública. Curiosamente, en esta ocasión fue una lucha contra el sistema desde sus entrañas, ya que el solicitante fue un diputado de la Asamblea Legislativa. Ello demuestra la importancia de insertar caballos de Troya en el aparataje estatal, para hacer retorcer al monstruo desde adentro. Cuánto nos han mentido los que señalan que una persona por sí sola no puede impulsar cambios, con aquel trillado refrán de que “una golondrina no hace verano”. Sin embargo, lo cierto es que a nivel general, se demostró que ARENA es el partido que más empleados tiene a su disposición, evidenciando que la transparencia no tiene colores partidarios ni busca beneficios para particulares, sino para la sociedad en su conjunto.
Por su parte, la diputada presidenta de la Asamblea Legislativa emitió un pronunciamiento, sosteniendo erradamente que dicha información era “confidencial”, por supuestamente contener datos personales protegidos por el derecho de intimidad. Este argumento, que se ha convertido en el cliché de los que favorecen la opacidad en el Estado, cayó en saco roto, ante una Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que claramente clasifica como pública esta información, y ante la reiterada jurisprudencia del IAIP que ha señalado que los nombres y las remuneraciones de los servidores públicos son información pública (NUE25-A-2013). Por ser salarios que pagamos todos nosotros, podemos y debemos saber quiénes lo devengan, a cuánto ascienden y en qué nos benefician.
Este criterio, al haber sido confirmado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (REF. 458-2013), dejó como única opción el lamentable pronunciamiento en el que la diputada presidenta “advirtió” a los demás diputados y empleados legislativos a “estar vigilantes de la motivación o interés” del diputado que obtuvo la información, obviando o queriendo obviar la legisladora que la LAIP establece expresamente que los solicitantes no deben “sustentar interés o motivación alguna”, por lo que cualquier interés o motivación son permitidos por la ley, al ser información que nos pertenece a todos los salvadoreños. Además, tal como declaró el diputado solicitante, su motivación era muy legítima: que le diera “vergüenza” al Órgano Legislativo.
Ante el absurdo argumento de que la información pública cuya entrega fue ordenada por el IAIP “no es pública”, y que por lo tanto debía hacerse un uso privado de la misma, no faltaron los comentarios de indignación en las redes sociales, como el de quien acertadamente manifestó que el comunicado buscaba “intimidar veladamente a los solicitantes de información”. Otro ciudadano señaló como “inaudito” el llamado a “hacer un uso privado de lo público”. Legalmente, el diputado solicitante puede hacer con la información lo que le plazca, como igualmente podría hacer cualquier ciudadano que requiera de la misma u otra información. Debe entenderse de una vez por todas que los mandantes, que somos nosotros, tenemos el derecho y la ansiedad de que nos rindan cuentas los mandatarios, funcionarios y empleados públicos. El secretismo no es una opción en este país.
*Colaborador de El Diario de Hoy
@Arevalo_Rengifo