“Yo soy inocente y ustedes lo saben”, fueron las primeras palabras en tono sereno que el director de Centros Penales, Rodil Hernández, contestó este martes por la tarde a los periodistas ante la pregunta, ¿cómo se declara?, tras salir del Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador donde la Fiscalía lo acusó de los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta.
Al igual que Hernández, su antecesor, Nelson Rauda, quien enfrenta otro proceso por el caso tregua entre pandillas, fue acusado también por los mismos delitos.
Sin embargo, Hernández aclaró que él responderá por su administración, “porque parece que son diferentes tiempos” para referirse a las personas que lo antecedieron en su cargo y que de lo bueno o malo que hayan pasado, él no tiene respuesta.
“Todo está claro, los gastos están ahí bien fundamentados”, puntualizó Hernández, entre el tumulto que se formó entre periodistas, camarógrafos y los agentes policiales que lo custodiaban de regreso a las bartolinas de la subdirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil.
Es más, Hernández afirmó que los documentos, por los que ahora está siendo procesado, él se los dio a la Fiscalía.
“Las pruebas que presenta la Fiscalía, yo mismo se las he proporcionado”, dejando entrever que no tiene nada a qué temer, en el proceso judicial que se inicia contra él por haber utilizado dinero de las tiendas de las cárceles para propósitos no autorizados, según la Fiscalía.
Los fiscales asignados al caso, dijeron que todo estaba dicho (en una conferencia anterior) y que no iban a dar más declaraciones, aunque uno de ellos, aclaró que hasta ayer por la tarde, el exdirector Rauda aún seguía prófugo, pues “no tenía conocimiento de su captura”.
A la diligencia acudió su defensora, Leticia Orellana, quien se cuidó de dar detalles o interpretaciones de la detención de Rodil. La profesional afirmó que hasta ayer por la tarde no había visto la acusación y que desconocía el contenido de la misma para referirse al caso.
Este es un nuevo capítulo del sonado caso de “la tregua entre pandillas”, ocurrido entre marzo de 2012 y 2013, en el que los cabecillas de pandillas tuvieron beneficios carcelarios avalados y promovidos desde la presidencia Funes.
Por esa tregua las autoridades procesan a 21 exfuncionarios de la Policía Nacional Civil, Centros Penales y el propio mediador, el exguerillero Raúl Mijango. El tema que está en el tapete de las autoridades es determinar responsabilidades en el manejo de millonarios fondos de las tiendas en las cárceles.