La Fiscalía, a principios de esta semana, giró y ejecutó una orden de captura en contra de Ródil Hernández, director general de Centros Penales, por el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública. Esta detención es significativa por muchas razones, pero principalmente porque es la primera que se ejecuta en contra de un funcionario de alto nivel del gobierno central en pleno ejercicio de su cargo. Hasta la fecha, la lucha contra la corrupción impulsada por el actual fiscal general, Douglas Meléndez, se había concentrado exclusivamente en exfuncionarios y burócratas activos que ostentaban puestos de mandos medio o más bajos. La detención de Hernández rompe el hielo, penetrando la siguiente esfera de poder. Esto tiene el potencial de generar el impulso necesario para seguir ahondado la lucha y así dañar irreparablemente las estructuras de corrupción enquistadas en el Estado.
La reacción del Ejecutivo ante el procedimiento ordenado por la Fiscalía deja entrever las diferencias que existen entre las prioridades del Ministerio Público y las del gobierno central. La Fiscalía, en un tono institucional y sobrio, anunció una conferencia de prensa para el martes a las 11 a.m. en la cual brindaría detalles sobre el caso (esta columna fue escrita el lunes por la noche). El Ejecutivo, en cambio, asumió una postura política, apresurándose a sacar un comunicado el mismo día de la detención, dejando claro que para el oficialismo el funcionario señalado no es culpable, marcando distancia de la Fiscalía y su lucha anticorrupción. La detención de Hernández, sin duda, deja mal parado al gobierno y, en consecuencia, al FMLN. El partido en el poder está en su peor momento a casi un año de las elecciones, desgastado por su pésima administración del Estado. La acusación en contra de Hernández, según conocedores, es lo que menos necesita. Dependiendo de los detalles del caso, este puede erosionar el apoyo electoral del FMLN más allá de lo presupuestado para enfrentar las elecciones de 2018.
La respuesta política-partidaria que más hubiese minimizado el daño electoral, para muchos expertos en el tema, era sacrificar a Hernández. El funcionario, después de todo, no ha tenido una militancia visible dentro del partido y su caída, dependiendo como se administrara, pudo haber sido hasta de beneficio para el FMLN. El discurso oficial, por ejemplo, se pudiese haber apoderado de la narrativa mediática, utilizando su captura para vender que el oficialismo está luchando contra la corrupción, apaciguando así una de las principales críticas que, a esta fecha, constituye su principal debilidad electoral. Este escenario es potable de no haber casos similares en el horizonte, ya sea por lo que pueda revelar el detenido o por la judicialización de expedientes abiertos a otros funcionarios también investigados por temas igual o más graves. Si este es el futuro que visualiza el FMLN, entonces, los expertos en el tema aseguran que su mejor posición es defender a los acusados, como lo ha hecho con Ródil Hernández.
Es importante ver lo que trasciende en los próximos días para afinar posibles escenarios. No obstante, algunos pronostican que, igual que con los acusados por delitos presuntamente perpetrados en el contexto de la negociación entre el Gobierno y cabecillas pandilleros, se mandarán abogados controlados por el oficialismo o los funcionarios que pudiesen ser delatados por Hernández. El objetivo de este tipo de estrategia es de silenciar a los imputados y evitar que revelen evidencia contra funcionarios de mayor rango.
La reacción del gobierno sugiere que el oficialismo se prepara para enfrentar posibles casos de corrupción en el futuro cercano. El trabajo de la Fiscalía es decisivo para el país. Dirigir investigaciones contra funcionarios activos es difícil, pero es la estrategia más disuasiva, ya que debilita el sentimiento de impunidad que invade a los que ostentan puestos importantes dentro del Gobierno y desbarata redes de corrupción activas.
*Criminólogo
@_carlos_ponce