El director de Centros Penales Rodil Hernández y su antecesor Nelson Rauda son acusados por la Fiscalía General de haber desviado 5 millones 660,611 dólares de las tiendas institucionales del sistema penitenciario, aparentemente para financiar los beneficios y privilegios que recibieron las pandillas durante el período de la polémica tregua entre esos grupos ilegales, según el Ministerio Público.
Ayer, Hernández fue presentado al Juzgado Cuarto de Paz donde será procesado por actos arbitrarios y administración fraudulenta. También hay orden de captura contra Rauda, quien aún no ha sido detenido.
Rauda goza de libertad condicional en el caso judicial de la tregua. En este proceso es acusado de haber permitido el ingreso de objetos ilegales a los centros penales y de haber autorizado el traslado sin ninguna justificación de más de 30 cabecillas de pandillas del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz, a reclusorios con seguridad menos rigurosa.
Aunque el Ministerio Público sostuvo que no tienen evidencias de que ese dinero sirvió para el pago a cabecillas de pandillas durante la tregua, pero al menos 4 millones 497 mil 45 dólares fueron erogados para el pago de planillas salariales sin ninguna justificación.
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“Dentro de los rubros que se han enmarcado en esta investigación aparece pago de planilla de personas que trabajaban para el señor Mijango dentro del proceso que ellos llamaron tregua”, dijo Allan Hernández, jefe de las unidades especializadas de la Fiscalía General.
Las investigaciones han establecido que parte de ese dinero habría sido usado para el pago de salarios de cuatro mujeres que trabajaron con Raúl Mijango durante la tregua. Estas personas devengaron salarios de Centros Penales entre los meses de junio del 2012 y enero del 2013. Incluso una hija del inspector de la Policía Luis Alonso Aguilar Marín, quien también es procesado en el caso tregua.
“Eventualmente se han presentado algunos recibos con firmas ilegibles de supuestas personas a quienes se les han hecho diferentes pagos”, dijo el fiscal Hernández, aunque no reveló el monto de los salarios que recibía cada una de las mujeres que trabajaron con Mijango.
No hay respaldo documental de que ese dinero fue para pagar salarios a empleados de Centros Penales sino que a otras personas ajenas a esa institución, sostuvo el fiscal Hernández.
Otras de las irregularidades detectadas en las investigaciones es que los precios de los productos en las tiendas de los penales habían sido incrementados para poder garantizar que hubiera ganancias en las mismas.
Se estableció que tampoco tienen respaldo documental de otros rubros por ejemplo pago de bonos, sobresueldos, horas extras, y hasta préstamos personales; situaciones que según el fiscal Hernández no es posible realizar sino se utilizan los canales y los fondos adecuados.
Pagaron “complementos salariales” para supuestos empleados de Penales por $315,000 y otros $40,000 para el pago de vacaciones, sin documentación. “Hubo hallazgos inauditos como por ejemplo las compensaciones y bonificaciones hasta tres veces en el mismo mes para una misma persona”, dijo Hernández.
Otras de las situaciones ilegales detectadas en las auditorías fueron los aumentos salariales que iban de 50 hasta 1,000 dólares, según recopiló la Fiscalía.
Como parte de las pruebas contundentes en contra de Rodil Hernández, quien está detenido; y el exdirector Nelson Rauda, son las certificaciones de 108 cheques de cuentas bancarias de tiendas institucionales y las respectivas erogaciones.
En el informe financiero se detalla el pago de 284, 019 dólares por “pago de inteligencia”. Ese pago de inteligencia iba en aumento desde el año 2010, dijo el jefe fiscal, quien agregó que a partir del 2012 hubo un significativo incremento de los pagos.
En un informe enviado en junio de 2016 por Rodil Hernández a Fiscalía, señaló que los “pagos de inteligencia los autoriza el Ministro de Justicia y Seguridad Pública (Munguía Payés en el período de la tregua) de forma verbal y a requerimiento para pagar fuentes e informantes que permitan identificar amenazas de los centros penales”.
El fiscal Hernández explicó que “a partir de la documentación que encontramos en este expediente, no tenemos en este instante una relación directa en la que ellos hayan recibido dinero al respecto o hayan autorizado a los directores para hacer esta práctica”, ante la interrogante del por qué la Fiscalía no acusa al ministro Munguía Payés, si la misma entidad fiscal lo señala como el promotor de la tregua entre las pandillas.
No obstante, los informes enviados a la Fiscalía por los exministros de Justicia Munguía Payés, Ricardo Perdomo y Benito Lara; así como el actual ministro Mauricio Ramírez Landaverde, “ratifican que jamás han autorizado erogaciones de los fondos de las tiendas institucionales para pago de inteligencia”
Además “niegan que hayan recibido por parte de Rodil Hernández esas cantidades de dinero”, dijo el fiscal Hernández. Señaló que no existe documentación que respalde que realmente se realizaron los pagos por “servicios de inteligencia”.
En las investigaciones, la Fiscalía detectó que en las auditorías del Ministerio de Justicia se señalan cifras presentadas en 2012 y 2013 que no son razonables y no encontraron los informes financieros de 2012, 2013, 2014 y 2015 de las tiendas del sistema penitenciario.
