La semana pasada, la Fiscalía giró órdenes de captura en contra de funcionarios y exfuncionarios por delitos cometidos en el contexto de “la tregua”. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos y esperanzadores a medida se anunciaban las detenciones. La mayoría de salvadoreños atribuyó la crisis en seguridad que vive el país a los promotores del pacto pandillero y manifestó su satisfacción al conocer sobre las órdenes giradas por fiscales. Sin embargo, el tono de las intervenciones cambió cuando trascendió que personajes clave vinculados a la negociación con cabecillas pandilleros, no estaban entre las capturados. Muchos protestaron porque David Victoriano Munguía Payés, Fabio Colindres y Paolo Lüers no fueron detenidos.
La indignación ciudadana ante la exclusión de estas personas de la lista de capturados ha aumentado después de conocer detalles del escrito presentado por los fiscales ante los tribunales.
Según notas periodísticas, el requerimiento fiscal describe a Munguía Payés como una persona imputable, como el cerebro detrás de la operación delictual. Las críticas de los salvadoreños en las redes sociales, desde que se conoció esto, se agudizaron. Todos se preguntan cómo es posible que existan indicios tan fuertes de la participación de un funcionario clave del actual gabinete de Seguridad y que esta persona no esté capturada. Las explicaciones más comunes ofrecidas en las redes sociales argumentan que todo es parte de un arreglo político y que, por lo tanto, no existe una intención real por sancionar a quienes orquestaron la negociación, sino solo aparentarlo.
Las intervenciones de Munguía Payés y la reciente publicación de un audio en el que se escucha al actual ministro de Gobernación negociar votos con cabecillas pandilleros, alimentan los argumentos de quienes ofrecen esta lectura. La actitud de Munguía ha sido cobarde. Ha dejado solo a sus colaboradores, desvinculándose públicamente de cualquier delito que hubiesen cometido. La participación de su apoderado legal, Manuel Chacón, como defensor de los acusados, además, sugiere que se está asegurando que nadie provea pruebas en su contra.
Las declaraciones de Munguía en programas de entrevistas y su instrumentalización de eventos institucionales para brindar posturas sobre su vinculación en la negociación con pandilleros (que busca aprovechar para aparecer rodeado de oficiales y, de esa forma, crear la ilusión que lo respalda toda la institución castrense), es la actitud más cobarde del funcionario. Las redes sociales han capturado el sentimiento ciudadano en múltiples ilustraciones gráficas que se burlan de su cobardía.
Estas actitudes temerosas son las que más alimentan los cuestionamientos ciudadanos. Una persona inocente no adoptaría este tipo de acciones. Una persona honorable y valiente, dejaría su cargo y enfrentaría las investigaciones como ciudadano particular. Munguía, por otro lado, se ha acobijado a su cargo público y utilizado a la Fuerza Armada como escudo, evidenciando así su culpabilidad y su desprecio por la institución castrense. Además, ha dejado entrever que su permanencia en el cargo y, por lo tanto, la protección ofrecida por el oficialismo, es eminentemente política.
La ciudadanía interpreta esto como una persona evidentemente culpable que gozará de impunidad gracias a intereses políticos. Así lo esbozan los mensajes que circulan en las redes sociales.
La Fiscalía tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros. Este puede ser un punto de inflexión para empezar a reconstruir la confianza ciudadana en las autoridades o simplemente convertirse en otro caso que contribuya a continuar erosionándola. Los jefes fiscales a cargo de la investigación son personas profesionales, destacados fiscales de carrera que conozco desde hace años y que respeto mucho. Estoy convencido que harán todo lo que esté en su poder para procesar a todos los involucrados.
*Criminólogo
@cponce_sv