Uno de los legados del acuerdo de paz, quizás el más importante, fue la modernización de la autoridad electoral. La desconfianza que generaba el antiguo Consejo Central de Elecciones terminó cuando los firmantes decidieron constituir otra entidad que no dependería exclusivamente del Ejecutivo. También los negociadores de la guerrilla y del gobierno pactaron un nuevo Código Electoral y abrieron la puerta para que el FMLN se trasformara en partido político. A partir de entonces unos y otros actores fueron incrementando su cuota de poder en la Asamblea Legislativa y en las alcaldías hasta llegar en 2009 a la alternancia en la presidencia de la República.
A lo largo de las últimas dos décadas esas y otras reformas generaron en la población una sensación de confianza en el desenlace de la competencia por los cargos públicos de representación popular. Prueba de ello es que desde los noventa no se han presentado acusaciones serias de fraude, manipulaciones que deslegitimen a las autoridades electas o reclamos que no hayan sido resueltos por la institucionalidad existente aunque con una muy deficiente justicia electoral.
La revelación del pacto entre las pandillas y el partido oficial y la intención similar del principal partido de oposición política para que los integrantes de las maras incidieran en los resultados de los comicios de 2014, así como la denuncia de doble registro de votantes en ese proceso y en el del 2015, denota que las modificaciones que concertaron los protagonistas de Chapultepec en el área electoral deben ser revisadas.
Ambas son distorsiones muy graves que impactan negativamente en el sistema político. La depuración del padrón es una tarea pendiente que el TSE no puede continuar ignorando. El Tribunal Supremo tiene que aprovechar la buena disposición del nuevo Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solicitar la certificación del instrumento en el que únicamente deben incluirse aquellos ciudadanos habilitados para votar y que no poseen ningún impedimento legal para hacerlo. Ni Documentos Únicos de Identidad suspendidos ni mucho menos de los individuos que fallecieron tendrían que encontrarse en el padrón.
Tampoco es tolerable que aparezcan casos de electores a quienes se les indican dos diferentes centros de votación para ejercer el sufragio porque cuentan con igual número de documentos. Ya la Corte de Cuentas de la República había advertido la existencia de “dobles registros de DUI” para un mismo elector. Ni el TSE, ni el Registro Nacional de las Personas Naturales, ni la Asamblea Legislativa deben consentir este tipo de errores.
Respecto de la influencia de los grupos pandilleriles en las elecciones, la gravedad del caso tiene relación con los “beneficios” que podrían haber recibido, o de los que están disfrutando, como consecuencia del triunfo del partido con el que se aliaron. Probar si los miembros de las pandillas marcaron a uno u otro candidato presidencial es muy difícil, pero investigar acerca de las facilidades que se les otorgaron a los miembros de estas agrupaciones para obtener el DUI en detrimento de otros colectivos de jóvenes o ciudadanos que también necesitaban tramitar por primera vez su documento o sustituirlo debido al deterioro que presentaban, es imprescindible.
Con ello se impediría que estas prácticas se repitan en las elecciones de 2018 y en las presidenciales de 2019. Lo mismo puede decirse de las investigaciones que ameritan las denuncias publicadas por este rotativo acerca del “secuestro” de los DUI de quienes votarían en 2014 por el candidato del principal partido de derecha, las represalias a las que se harían acreedores quienes sufragaran por ese pretendiente o la instigación a que se respaldara a la opción oficial.
Solicitar la anulación de las elecciones presidenciales de 2014 estaría fuera de orden. Lo que no es incorrecto es exigir, desde varios colectivos, tanto políticos como sociales y empresariales, así como desde organismos que realizan observación electoral internacional, que se agilicen las reformas al Código Electoral, a la Ley de Partidos y si hace falta, al Código Penal, para evitar la recurrencia de estas faltas, posibles delitos y equivocaciones. La misma diligencia debe emplearse en el cumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional que, en materia electoral, se encuentran pendientes de desarrollo legislativo.
*Columnista de El Diario de Hoy