Tras casicuatro años de estar posponiendo la compra de los brazaletes electrónicos para que los reos que han cometido delitos menores puedan cumplir su castigo fuera de las prisiones, la Dirección General de Centros Penales ha asegurado que a finales de 2017 habrá 2,000 personas haciendo uso de estos dispositivos.
En octubre de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la compra de los aparatos.
En esa ocasión se conoció que se les colocaría, bajo decisión de los jueces, a unas 2 mil personas que estaban siendo procesadas y a igual número de condenadas. El costo de estos aparatos ascendería a poco más de 13 millones de dólares.
Sin embargo, en una entrevista televisiva realizada en enero pasado, el director de Centros Penales, Rodil Hernández, aseguró que a finales de 2017 se pondrían a funcionar 2,000 brazaletes a un monto de 6 millones de dólares; lo que ayudaría a reducir, al igual que las granjas penitenciarias, el hacinamiento en las cárceles.
Las autoridades también consideran que esta medida permitiría reducir los costos en los presidios del país.
Pero a mediados de este mes, Hernández informó que para adquirir los brazaletes se utilizarían 4.2 millones y se pondrían a funcionar de forma gradual: unos 500 este año y el resto en 2018.
En cambio, en la página web de la Dirección de Centros Penales, en el apartado de proyectos de inversión aprobados para 2017, se señala que para la compra de los brazaletes se destinará 5.6 millones de dólares.
Aparatos no serán colocados a pandilleros
En enero de 2015, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley que regulará el uso de los brazaletes electrónicos para reos en la fase de confianza, así como los que los jueces consideren elegibles tomando en cuenta su edad o estado de salud.
La iniciativa contó con los votos de todos los partidos, cuyos diputados manifestaron que a unos 4,000 reos que están en la fase de confianza se les colocarían los aparatos para tener un mejor control de ellos.
Esa vez, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, expresó que los pandilleros no serían beneficiados con este mecanismo. Tampoco podrán acceder a él quienes han cometido delitos graves como narcotráfico.