Si bien la situación de inseguridad en el país es preocupante, recurrir a soluciones extremas como armar a la población o violar derechos humanos para combatir el problema resultan peligrosas para los analistas Humberto Sáenz, Francisco Bertrand Galindo y Álvaro Artiga, quienes esta mañana participaron en una entrevista televisiva.
El abogado y exministro de seguridad, Francisco Bertrand Galindo, consideró que la posibilidad de que en el país se estén dando ejecuciones extrajudiciales y se esté saltando el debido proceso es una muestra de “debilidad institucional” y devuelve al país al clima de “preguerra”.
Asimismo, advirtió que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) tiene que investigar a fondo este tema y determinar si hay violaciones por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Si la procuradora (de derechos humanos) identifica graves violaciones en la PNC, eso podría llegar al Congreso y los diputados podrían destituir a funcionarios de seguridad” explicó Bertrand Galindo, quien aclaró que tal destitución sería inmediata.
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Además, aclaró que si bien los salvadoreños quieren resolver la problemática de criminalidad, no se puede pedir que se rompa la ley. “Hay que exigirle a la autoridad que tome el control del territorio pero que lo haga dentro del derecho”, añadió.
Por su parte Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, aclaró que él entiende cuando los sectores más afectados por la criminalidad piden reacciones violentas del Estado, pero consideró inaceptable que en las más altas esferas políticas se apele a la violencia y el abandono a los derechos humanos para solventar esta situación.
“Tenemos fresco el recuerdo cuando el ahora presidente de la Asamblea Legislativa estaba de acuerdo con que ciudadanía tomara justicia por su cuenta”, recordó Sáenz, en referencia a algunas propuestas de Guillermo Gallegos para combatir el crimen, como la pena de muerte o el armar a civiles. Sobre esto, el jurista consideró que es “reprochable escuchar esto de un funcionario que dirige un órgano de estado”.
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“Esto no abona al estado de derecho y al imperio de la ley. Si le añadimos expresiones de algunos funciones de seguridad que parecen decir que los derechos humanos poco importan vemos que ese no es el camino que deberíamos estar alentando”, advirtió Sáenz.
Finalmente, el director de la maestría de Ciencias Sociales de la UCA, Álvaro Artiga, consideró que el país puede avanzar a una posición insostenible de fragmentación si se continúa este camino de erosión de la institucionalidad para atacar al crimen.
Entre lo que más preocupa al académico es el tema de autodefensas, que debería generar alerta en la población, sostuvo.
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“Si este tema de las autodefensas está avanzando, eso debería generarnos mucha preocupación”, acotó Artiga.
Sobre esta propuesta de armar a la población, Bertrand Galindo también expresó su temor. “Una cosa es un modelo comunitario montado desde el estado que ordenadamente controle pequeños territorios. Otra es generar organizacioness dentro de las comunidades que ahora pelea contra pandillas pero mañana contra la comunidad vecina”, explicó.
Sáenz validó las preocupaciones y afirmó no conocer casos de éxito de autodefensas. “Se vuelven un problema muy grande y los estados no pueden controlarlas”, dijo, y añadió que equivale a “solucionar un problema con uno mucho mayor”. La verdadera solución, explicó, es dar capacitación y recursos financieros y técnicos a los cuerpos de seguridad.