El pacto entre pandillas facilitado por el expresidente Mauricio Funes abonó al robustecimiento de las estructuras criminales que, no solo lograron mayores espacios de control territorial, sino ilimitados alcances para ampliar la estela de violencia en el país en los años posteriores, según una investigación presentada ayer en el tanque de pensamiento Diálogo Interamericano, en Washington (EE. UU.).
“Mafia de los pobres: Pandillas, violencia y extorsiones en Centroamérica”, se llama el estudio hecho por Ivan Briscoe, director regional para América Latina de la organización Internacional Crisis Group; y los investigadores Ana Glenda Tager, directora regional de Interpeace, y Steven Dudley, co-director del centro de análisis InSight Crime.
En su informe analizan las estrategias puestas en práctica por sucesivos gobiernos y el impacto en el tratamiento del problema de inseguridad que acosa la zona norte de Centroamérica.
El canje entre los líderes de las dos pandillas enfrentadas entre sí -con el entonces gobierno de Funes- para aparentar una baja en los niveles de homicidios, según acotaron los investigadores, inició con los privilegios para los pandilleros en los centros carcelarios y con los interlocutores visibles que tuvo el proceso.
“El expresidente Mauricio Funes, jefe del primer gobierno del FMLN, todavía niega la participación formal del gobierno en el proceso. Una vez que se hizo público, pidió un poco de margen para que los facilitadores continuaran trabajando, una decisión altamente polémica, dada la prohibición de colaboración con los maras establecida en una ley de 2010”, dice el estudio, presentado a analistas, académicos y representantes del gobierno de Estados Unidos.
Los investigadores señalan que el mismo secretismo con que el gobierno quiso manejar la negociación entre las maras para bajar los homicidios, más los reportes periodísticos que señalaron el aumento en las desapariciones forzadas de personas por parte de los pandilleros, fueron elementos que reflejaron que ese proceso se fue al traste.
A ello se suman las razones electorales que se avecinaban para las presidenciales de 2014, ante la impopularidad de la tregua, el mismo gobierno de Funes dio marcha atrás en el proceso que habían comenzado y que el mismo mandatario había presentado en foros internacionales como el Banco Mundial, donde lo destacaba como una panacea para terminar la endémica violencia generada por las pandillas en el país.
“Este fallido intento de paz ha tenido la consecuencia imprevista de establecer a los maras como actores políticos con capacidad para negociar y hacer cumplir los acuerdos. En particular, los líderes de mara fueron buscados por ambos partidos políticos (ARENA y FMLN) durante la campaña presidencial de 2014 cuando el ‘establishment’ buscaba sus votos cautivos. Hemos aprendido a hacer que el gobierno pague, y eso es en las elecciones”, cita la investigación.
Lo que dicen los investigadores
El investigador Ivan Briscoe reconoce que el proceso de la tregua dio como resultado un robustecimiento de las pandillas a tales niveles que para 2015 y 2016 El Salvador llegó a ocupar la nada honrosa posición del país más violento del mundo, a razón de los más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes registrados durante esos años.
Durante el año 2015, El Salvador tocó la astronómica cifra de 6 mil 659 asesinatos, sobrepasando todos sus record desde que lleva estadísticas, incluso los de años de la guerra (1980 - 1992). Para el año siguiente hubo una sensible baja cerrando el período con 5 mil 278 asesinatos, muy por encima de los estándares internacionales de violencia.
El estudio también reseña el poco impacto que han tenido todas las medidas de “Mano Dura” implementadas en los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica que han probado que este tipo de estrategia funciona ante un serio problema de seguridad que lleva más de dos décadas acechando a estos países.
El estudio se adentra también en el fenómeno de las extorsiones y de cómo esta tipología del crimen se ha sofisticado, aunado a mayor control territorial que manejan las principales pandillas en territorios como El Salvador, donde goza del mayor nivel de organización y control a diferencia de los dos países vecinos, Honduras y Guatemala.
También los investigadores han enfocado su atención en las políticas públicas que deberían regir a los gobiernos para reducir la marginación, y robustecer la presencia del Estado con programas de prevención de la violencia y de productividad en las zonas consideradas vulnerables y de riesgo.
Luego de las disertaciones del estudio, los investigadores abrieron el micrófono para una ronda de preguntas de los asistentes al foro moderado por el presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter.