La audiencia preliminar para el caso de “la tregua” está en pleno desarrollo. Los fiscales que participan en el proceso presentaron los argumentos que sustentan sus acusaciones contra personas señaladas por delitos presuntamente cometidos en el contexto de la negociación que entabló el Gobierno con las cúpulas de mando pandilleras. El tribunal levantó la reserva que había sido impuesta, posibilitando así que los periodistas informen a la ciudadanía sobre lo revelado en el proceso judicial.
El escenario esbozado por la evidencia de la Fiscalía es penoso para el país y para quienes aún defienden “la tregua”. La deshonestidad, falta de honorabilidad, mezquindad y el burdo irrespeto a las leyes con el que actuaron funcionarios y personas particulares involucradas en el pacto con los cabecillas pandilleros, según lo plasmado en la acusación, es indignante. Lastimosamente, es consistente con la forma en que el oficialismo ha manejado otros temas críticos. La forma de operar es la misma: los objetivos políticos, partidarios y personales están por encima de las leyes y los ciudadanos. Así como con el Sitramss, por ejemplo, el valor de las leyes y el de los salvadoreños se equiparó al que tiene un trozo de papel higiénico usado. La normativa penal, los procedimientos institucionales y los derechos de la población salieron sobrando durante “la tregua”. El Gobierno, en ambos casos, actuó bajo la consigna de: el fin (político, partidario y personal) justifica los medios.
Los operadores, dependientes y voceros del oscuro pacto siempre han tratado, sin tener éxito, de disfrazarlo con la bandera del pragmatismo y acobijarlo bajo el manto de las políticas públicas. No obstante, lo revelado durante la audiencia preliminar descarta estos argumentos. Las políticas públicas son públicas. “La tregua”, en cambio, se desarrolló en la oscuridad. El pacto con cabecillas pandilleros se fraguó en la clandestinidad, donde se pretendía dejar de no ser por el trabajo acucioso de la prensa. Fue entonces que, acosadas por las revelaciones periodísticas, las autoridades fabricaron una realidad ficticia para vender la negociación, probando varias mentiras hasta que una cuajara. Este complejo entramado de mentiras despoja a “la tregua” de cualquier rasgo que permita etiquetarla como pragmatismo y, en cambio, justifica el considerarla un burdo engaño que el Gobierno trató de usar en contra de los salvadoreños.
Los responsables de la negociación pandillera y los voceros que reclutaron, siempre han tratado de centrar la opinión pública en la presunta reducción de las estadísticas de homicidios, procurando distraer la atención de lo que esto implicó. Al ser cuestionado por periodistas sobre evidentes atisbos de ilegalidad, los voceros y principales señalados en la investigación han ofrecido respuestas ambiguas, poco convincentes y, en algunos casos, hasta risibles. Las declaraciones de los testigos presentados por la Fiscalía, entre los que figuran exfuncionarios con conocimiento directo, alumbran con una potente luz la oscura esquina en la que se trataron de esconder los delitos detrás de “la tregua”, aclarando las ambigüedades y dándole sentido a las mentiras y disparates ofrecidos por David Munguía Payés, arquitecto de la negociación con pandilleros, y su séquito de incondicionales.
Ante las acusaciones del Ministerio Público, los acusados y sus voceros, confiados en que durante “la tregua” se ordenó no dejar rastro documental, tratan de desvirtuar las declaraciones de los testigos de la Fiscalía. Como era de esperarse, los involucrados carecen del temple y valor para aceptar la comisión de ilícitos, aunque éstos sean evidentes. Hubiese sido sorprendente, conociendo sus generales, que aceptaran culpabilidad, demostraran su inamovible convicción a lo que hicieron y utilizaran su encarcelamiento como protesta.
Este caso es importante para nuestro país. El resultado puede servir de advertencia para los que piensan que las leyes no aplican a ellos o, por el contrario, como invitación para quienes buscan actuar con impunidad.
*Criminólogo
@_carlos_ponce