En estos tiempos de confusiones, simplismos y ansiedades, defender principios se ha convertido en una de las tareas humanas más arduas e incomprendidas. Y no es que en otras épocas haya sido distinto, pero hoy se ha otorgado a la superficialidad y a las deducciones emocionales, tal vez como nunca antes, un estatus de primera relevancia en la opinión pública.
Si en los días de Miguel de Cervantes alguien le hubiera dicho que para “visibilizar a las mujeres” había que escribir libros plagados de desdoblamientos gramaticales —en sustantivos, artículos y participios—, el autor del Quijote se habría reído de semejante locura (o se la habría endilgado al ya perturbado Alonso Quijano). Sin embargo, de vivir en nuestro tiempo, el propio Cervantes tendría que probar que su célebre novela no pretendió nunca “discriminar a la mujer” y que él mismo jamás quiso ser “misógino”, “sexista” o manejar el lenguaje como un “machista alienado por el pensamiento patriarcal y androcéntrico”. (Suplico al lector que no se ría. Estos calificativos los extraigo de un manual de ideología de género publicado en España).
Pues bien, así como defender el castellano de quienes lo destrozan en nombre de la “igualdad” es tarea ingrata y no desprovista de malestares, preservar nuestro sistema de libertades protegiendo los pocos pero decisivos pilares que lo sostienen comporta riesgos, agravios e incomprensiones. De hecho, si por comodidad se evita el trabajo de profundizar en nuestra historia reciente, es bastante fácil desacreditar la labor realizada por los gremios empresariales o las organizaciones cívicas que han asumido la salvaguardia de nuestra institucionalidad democrática, en momentos en que la hostilidad del oficialismo contra el equilibrio de poderes ha sido no solo real sino activa, manifiesta y sistemática.
El caso de ANEP, como instancia política (no partidaria) del empresariado salvadoreño, ilustra a la perfección lo que pretendo decir. Gracias a que existe esta cúpula de los gremios productivos, la deliberación de los asuntos sectoriales queda en manos de las entidades que representan legítimamente a parcelas muy concretas de la economía, mientras que la discusión y análisis de aquellos aspectos políticos que brindan soporte y garantías a las diversas actividades empresariales —institucionalidad, Estado de Derecho, reglas democráticas, etc.— queda en manos de la asociación creada para ese fin.
Si bien a veces estas tareas pueden (e incluso deben) cruzarse o alimentarse mutuamente, lo cierto es que resulta impropio exigir a ANEP que trabaje exclusivamente para procurarle estabilidad a ciertos sectores, como inconveniente resulta pedirle a las gremiales que se dediquen a denunciar las arbitrariedades de los sucesivos gobiernos en materias tan disímiles como seguridad pública, libertad de expresión, sistema laboral, plataformas salariales o fiscalidad.
Sin embargo, más allá de las diferencias, los empresarios organizados saben perfectamente que existe una unidad de principios sobre la que descansan sus actividades diarias. La defensa de estos principios no es discutible ni está sometida a vaivenes de ningún tipo. Frente a un gobierno, por ejemplo, que atente contra la libre iniciativa o imponga injustificados controles al intercambio de bienes y servicios, los empresarios están en el deber de oponerse. Y ANEP es la instancia encargada de hacerlo.
¿Hay formas “inteligentes” para enfrentar a un gobierno que muestra actitudes contrarias a las libertades empresariales? Puede ser. Pero la discusión de las formas jamás debe arriesgar el fondo, y ese fondo se pone en peligro cuando un aspirante a la presidencia de ANEP ventila públicamente sus discrepancias con la actual cúpula —de la cual, por cierto, él ha formado parte— y se olvida de la unidad gremial. O cuando pide votaciones secretas en procesos de elección que siempre han sido a mano alzada, precisamente para cuidar que los representantes gremiales no vayan a votar en contra de lo decidido por sus juntas directivas.
Bastantes incongruencias tiene ya el país con sus políticos como para que los sectores productivos vengan a caer ahora en estas ambigüedades. Repito: ¡defendamos principios!
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy