Los “Papeles de Panamá” o “Panama Papers” nos muestran ciertas verdades irrefutables. Ya nada, o casi nada, está oculto para los ciudadanos. La sed de acceso a la información es de tal magnitud que la gente no distingue entre la vinculada a actos ilícitos y la que se genera por la voluntad de las partes sin intención de cometer ningún episodio fuera de la ley. La sociedad tampoco deslinda entre los datos que pueden ser de acceso general y los que, protegidos por el ordenamiento jurídico, no deben ser revelados a ningún particular, aunque excepcionalmente se tiene licencia para conocer su contenido en el marco de una investigación judicial. Ya no se respeta la privacidad de la información, ni importa su naturaleza pública o privada, o si ésta se obtiene por mecanismos ilícitos como la filtración, el robo o el “hackeo” de documentos. La meta es saber y juzgar, en algunas ocasiones, sin mayor raciocinio.
La noticia mundial sobre las personas, empresas, funcionarios, exfuncionarios y “otros” que utilizan compañías en Panamá y en varias partes del mundo para diferentes finalidades se divulgó, en un primer momento, como si se tratara de una misma situación en la que todo es ilegal, oscuro, inmoral y pecaminoso. Los medios internacionales han empezado a escuchar las opiniones de expertos legales y financieros que, con meridiana claridad, han exigido un alto al “amarillismo” que podría estar contaminando una investigación, que si bien representa, indudablemente, un logro sin precedentes para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por el enorme esfuerzo de coordinación entre cientos de periodistas a nivel mundial, está siendo manipulada para desprestigiar reputaciones, levantar sospechas infundadas y generar una especie de “rumorología” que atiza el fuego principalmente en destinos con altos índices de polarización política.
No pueden compararse las situaciones que involucran a personajes que desempeñan o han ejercido funciones públicas con aquellos privados que utilizan este tipo de instrumentos como parte de su estrategia empresarial, financiera y tributaria. Los primeros están “bajo sospecha” por haber administrado o tener a su cargo dinero del Estado. Esa sola circunstancia obliga a las autoridades, en cada uno de los países, a verificar la legalidad del patrimonio invertido y a confirmar si en su declaración se incluyó este tipo de financiamiento. En relación a los segundos se encuentran de dos tipos: empresarios que por la diversificación internacional de sus negocios requieren de instrumentos y figuras legales que les permitan concentrar en un solo sitio sus operaciones sin que ello impida que las respectivas subsidiarias paguen los impuestos locales correspondientes; hasta malhechores cuyo origen del dinero puede ser producto de transacciones delictivas que lleven aparejado el lavado de dinero o fondos producidos por negocios ilícitos.
El trabajo de la ICIJ en los “Panama Papers” nos recuerda que donde existen “paraísos fiscales” que permiten a las empresas evadir el pago de sus tributos se han reformado los ordenamientos jurídicos con la finalidad de cumplir con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Su objetivo es ser excluidos de la lista de Estados en los que se presume falta de transparencia en las transacciones de quienes se acogen a estas “ventajas”, donde “no se acepta el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países”, y donde se “permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas aun y cuando no desarrollen actividades en esa Nación”. En estos casos la posibilidad que tras las famosas “offshore” hayan indicios de actividades salpicadas de presunta corrupción aumenta exponencialmente. Por esta razón el gobierno panameño se apresuró a reclamar la falta de objetividad en la divulgación de la noticia mundial afirmando que “se han desconocido actuales convenios de intercambio de información fiscal, así como la implementación de normas en materia de transparencia y cooperación tributaria”. El presidente Varela recordó también las reformas que desde 2015 se han aprobado para salir de la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Lo relevante de esta investigación global, además de poner en evidencia posibles actos de corrupción de presidentes y expresidentes y capitales “oscuros”, es la falta de orientación al ciudadano para que sepa distinguir entre comportamientos que chocan frontalmente con la ley y aquellos realizados al amparo de la legislación vigente.
*Columnista de El Diario de Hoy