El escándalo producido el pasado domingo por la filtración de millones de documentos del despacho de abogados en Panamá Mossak Fonseca, llamado “Panama Papers”, es una excelente oportunidad para quienes luchan por la justicia. Sin embargo, también lo es para quienes están dispuestos a desinformar y a dar cátedras de cinismo con tal de callar sus pecados. Antes de desarrollar este punto, resulta necesario aclarar lo siguiente.
La introducción de dineros resultantes de la corrupción, del tráfico de ilícitos o de la evasión de impuestos, entre otros crímenes, merecen todo el castigo de la ley. Asimismo, el debate informado sobre si es ético o no utilizar mecanismos legales para contraer obligaciones tributarias más favorables es válido, a la vez que es válido apartar de esta discusión a quienes efectivamente han realizado inversiones en Panamá. Lo que no se vale es que un expresidente, actualmente procesado por presunto enriquecimiento ilícito, distorsione esta discusión sin afrontar sus responsabilidades.
La primera reacción del expresidente Funes ante el escándalo mencionado fue atacar a los medios de comunicación. Aunque la noticia fue cubierta en varios periódicos –incluso fue portada en este medio– el señor Funes aseguró que “los grandes medios no le han prestado mayor atención” a una noticia “que ha conmocionado al mundo”. Posteriormente, el exmandatario lanzó su diatriba tradicional contra empresarios e inició una cruzada en redes sociales contra la evasión de impuestos. Afortunadamente, tenemos memoria.
La ley salvadoreña sanciona con prisión a quienes omitan declarar hechos generadores de impuestos, precisamente, bajo el delito de “evasión de impuestos” (artículo 249-A, Código Penal). En 2009, el entonces candidato Mauricio Funes recibió de un empresario casi $3 millones de los cuales, en caso de tratarse de una donación personal, tendría que haberse pagado el impuesto correspondiente. En un enredo de contradicciones, el expresidente ofreció distintas versiones sobre dicha transacción: fue una donación personal (marzo, 2009); aunque realmente, fue un préstamo que se pagaría con la deuda política del partido (marzo, 2009); o más bien, fue una deuda personal que habría sido perdonada por el donante (noviembre, 2013); o de hecho, fue una donación al partido, ingresada a su cuenta personal para “agilizar ese recurso”, y por tanto no sujeta a impuestos porque los partidos no tributan (noviembre, 2013); o la explicación más reveladora, “encontramos la forma de no pagar impuestos, justamente para que no implicara pago de impuesto y no implicara ningún compromiso de carácter personal” (diciembre, 2013).
Lo más escandaloso no es que el donante fue posteriormente postulado por el expresidente como primer designado a la Presidencia y que su hijo fue nombrado por el exmandatario para continuar al frente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), sino la incertidumbre de lo que ocurrió después con ese dinero. Un detalle clave: el ministro de Hacienda dijo haber analizado el caso y concluyó que Funes había cedido el contrato al FMLN y por tanto nunca hubo que pagar impuestos por dos razones incompatibles: porque el empresario había condonado la deuda al FMLN y porque los partidos no pagan impuestos de sus donaciones (diciembre, 2013). Sin embargo, un mes antes de esas declaraciones y ante la pregunta de si el partido recibió ese dinero en algún momento, el secretario general del FMLN, Medardo González, respondió: “De ese tema no voy a hablar, de eso no tengo nada que decir”. Según un informe de auditoría de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, la cuenta a la que ingresó esta donación fue cerrada en agosto de 2015 con saldo positivo.
Así como debe investigarse si existen actividades ilícitas asociadas a los Panama Papers, la justicia debe determinar si Mauricio Funes es o no un evasor de impuestos dado los indicios descritos. Mientras los salvadoreños no presionemos a las autoridades a actuar –en este caso, al Fiscal General– el abuso del poder seguirá impune. En Islandia, el involucramiento del primer ministro en el escándalo Panama Papers provocó que la gente saliera masivamente a las calles a exigir su renuncia. Como símbolo de protesta, varios islandeses llevaron bananas a las manifestaciones para expresar que, a su juicio, este tipo de corrupción es propio de las “repúblicas bananeras”. Al día siguiente, el funcionario suspendió sus labores indefinidamente.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
@guillermo_mc_