El destape mundial de los “Panama papers”; es decir, el escándalo producido por haber sacado a la luz pública información en relación con las actividades de los clientes de la firma panameña de abogados “Mossack y Fonseca”; más allá del amarillismo y del puro y simple chisme, plantea algunas preguntas interesantes en relación a la difusión de datos y hechos generados por actividades privadas de personajes públicos.
Una de las más importantes es la pregunta acerca del derecho que tenemos respecto a conocer una información que ha sido sustraída (aunque se hable eufemísticamente de “filtración”), para ser difundida con ánimo de ganar dinero o perjudicar, en algún caso, a los enemigos políticos, y en otro simplemente de mostrar verdades.
Uno de los pilares del periodismo de investigación es dar a conocer conductas privadas de personajes públicos que afecten a la sociedad en general; premisa que implica que, si los hechos conocidos tienen importantes implicaciones, publicarlos no solo es conveniente, sino incluso, necesario.
Prometeo, como es sabido, fue un Titán que se atrevió a robar el fuego de los dioses y entregarlo a los humanos. Algo similar hizo quien proporcionó los archivos de Panamá a un par de periodistas alemanes, cuando dejó al descubierto el fuego, la información, relativa a los “dioses” del poder y las finanzas.
A su vez, los destinatarios compartieron los registros con un equipo mundial de periodistas (oportunamente llamado “Proyecto Prometeo”) que realizó un trabajo de criba y filtrado de los mismos, y durante poco más de un año, escogieron lo que se publicaría simultáneamente en los cinco continentes, procurando equilibrar dos realidades: la privacidad de las personas cuyos datos habían dejado de ser reservados a sus abogados panameños, versus el derecho del público a conocer actividades que podrían dañar directa o indirectamente el bien común.
Hay mucho que investigar, y que decir, cuando se tienen a mano once millones y medio de documentos, información acerca de multimillonarias actividades económicas privadas de una decena de presidentes y expresidentes, de más de un centenar de funcionarios públicos y de incontables personas de influencia mundial.
Para algunos, se trata de una mina de información con respecto a actividades ilegales e inmorales de criminales, políticos y gente de mal vivir. Mientras que otros opinan que los periodistas que disponen de la información, enfrentan una importante responsabilidad moral, pues no todo el monte es orégano.
Entre lo que se sustrajo de los servidores de la firma panameña hay información relacionada con asuntos más o menos privados: divorcios, lugares de vacaciones, reportes de salud, inversiones comunes y corrientes, etc., que, a ojos vistas, carecen de interés público. Pero también hay registros que comprometen seriamente líderes y personajes mundiales; desde Putin hasta el Primer Ministro de Islandia (quien, por cierto, renunció el martes), pasando por miembros de casas reales y celebridades; información relativa a asuntos que riñen con la ética, y que podrían constituir delitos, evasiones legales, o flagrantes injusticias.
Mientras tanto, el bufete panameño alega, con razón, que en primer lugar han sido víctimas de robo, pues si sus clientes los han buscado ha sido con la condición de discreción y privacidad que una firma profesional de abogados debe garantizar; y, en segundo lugar, establecen que su trabajo es ayudar a sus usuarios en la creación de empresas: lo que haga cada uno con la suya, si la utiliza para actividades inmorales, ilegales o intrascendentes, no es problema de la firma.
Sin embargo, con todo, quedan asuntos sin resolver: ante una información de tal magnitud, tanto en su volumen como en sus implicaciones, ¿quién determina lo que es, o no, de interés público? ¿Quién se arroga el papel de árbitro moral en este asunto?... Y por último ¿podrán los periodistas evadir el trágico destino de Prometeo?
*Columnista de El Diario de Hoy.
@carlosmayorare