En la última semana, el Gobierno ha iniciado la implementación de una serie de medidas en el tema de seguridad pública, las cuales incluyen el bloqueo de la señales o tráfico de telecomunicaciones en los espacios físicos donde están ubicados los centros penitenciarios, la construcción de granjas penitenciarias o centros de internamiento de menores; además, se ha restringido el desplazamiento de los privados de libertad, las visitas de toda clase o suspensión de las mismas, los traslados de los privados de libertad para la realización de toda clase de las audiencias judiciales y cualquier otro acto procesal; también, se ha ordenado la participación obligatoria en actividades de índole reeducativa y de formación de hábitos de trabajo de los internos.
La aprobación de las anteriores medidas dictadas por la Asamblea Legislativa es una muestra de que, a pesar de las diferencias, es posible el diálogo y consenso entre las distintas fuerzas políticas en El Salvador; que existe voluntad entre los actores políticos de poner primero los intereses del país en los temas que en estos tiempos aquejan a la ciudadanía. Las medidas especiales adoptadas sobre los centros penales son un primer e importante paso, ya que buscan limitar las órdenes y estrategias provenientes de los líderes de las pandillas recluidos; sin embargo, dichas medidas resultan insuficientes en la lucha contra la violencia y criminalidad.
Las medidas especiales que el Gobierno empieza a implementar están dirigidas a atacar los crímenes que se ordenan desde los centros de penales, no los que se comenten día a día en la calle; con lo anterior, es posible el surgimiento de nuevos liderazgos de pandillas, por lo que se vuelve imperativo que a la par de las medidas dentro de los centros penales se establezcan planes de represión del delito que ayuden a disminuir de forma efectiva los ilícitos cometidos por pandillas o por cualquier estructura delincuencial en el día a día.
Por otra parte, es imposible seguir ignorando lo establecido en el artículo 27 inciso 3 de la Constitución, el cual establece que es obligación del Estado organizar los centros penales con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, así como procurar su readaptación y la prevención de delitos. Si el objetivo es implementar una estrategia de seguridad que brinde resultados en el largo plazo, se vuelve necesario atender a medidas de prevención para que los menores que viven en territorios de riesgo (dominados por pandillas) no sean reclutados y puedan desarrollar sus objetivos de vida de forma independiente al crimen. Además, es ineludible implementar verdaderas políticas de reinserción de los internos, ya que muchos en algún momento recobrarán la libertad y no debería existir el riesgo de que se conviertan nuevamente en un peligro para la sociedad.
Para sacar adelante las medidas especiales en materia de seguridad es necesario que el plan sea más estructurado y completo, abarcando la represión del delito dentro y fuera de los centros penales, y agregar como ejes fundamentales la prevención y la reinserción social. Además, cada una de las instituciones involucradas en el sector justicia (Órgano Judicial, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Fiscalía General, Procuraduría General de la República, Consejo Nacional de la Judicatura, todas parte de la Unidad Técnica del Sector Justicia), así como la Asamblea Legislativa como encargada de emitir leyes y autorizar los fondos, debe asumir la responsabilidad que le corresponde en lucha contra la delincuencia. En ese sentido, se encuentra pendiente la depuración de jueces, custodios, fiscales y demás empleados gubernamentales que han propiciado la impunidad dentro de sus respectivas instituciones, así como la reestructuración del sistema penitenciario que habilite los planes de reinserción y el respeto a los derechos humanos básicos. El trabajo ha comenzado, pero sin duda falta un largo camino por recorrer.
*Columnista de El Diario de Hoy.