La ministra de Transporte de Bélgica, Jacqueline Galant, renunció a su cargo, y por supuesto, la dimisión fue aceptada por el primer ministro belga, Charles Michel; la funcionaria dejó el cargo ante las permanentes críticas por los fallos de seguridad en los aeropuertos belgas, de lo que le alertó en 2015 la Comisión Europea sin que su ministerio tomara medidas, consigna un cable informativo de la agencia AP.
Tras el atentado terrorista el pasado 22 de marzo en Bruselas, que dejó más de una treintena de víctimas, la ahora exministra Galant fue blanco de duras críticas ante las fallas de seguridad en la terminal aérea, sobre todo porque desde 2011 las autoridades europeas de aviación habían señalado las fallas en los aeropuertos de Bélgica e incluso, se mezcla con esto, actos poco transparentes en la asignación de millonarios contratos.
Quiero señalar dos cuestiones: por un lado, cada vez más la gestión pública está bajo la mirada no solo de la población sino de los medios de comunicación que tienen como función primordial el informar de cómo se hacen las cosas que afectan y tocan la vida cotidiana de los ciudadanos; por otro lado, por decencia, por principio o por necesidad, cuando un funcionario no da el ancho, se equivoca o sus decisiones afectan negativamente a la población, deja el cargo y renuncia… y en el peor de los casos, es destituido.
En nuestro país, pareciera que esta doble dinámica no camina al mismo paso: se ha terminado de una vez por todas la impunidad que rodeaba a los funcionarios que hacían de las suyas con el erario nacional, ahora están en la picota expresidentes, exfuncionarios, diputados y otros más, involucrados en supuesto hechos de corrupción, o presuntos enriquecimientos ilícitos que han hecho fortunas de la noche a la mañana.
Hay amplia cobertura noticiosa de estos hechos e incluso existen trabajos periodísticos que revelan que hay cuestiones de poca transparencia en los anteriores y actuales gobiernos; hay políticos, sobre todos los señalados en casos de corrupción que de inmediato hablan de campañas de desprestigio, ataques personales con motivaciones ideológicas… olvidándose algunos que los hechos son los que mandan y que tal como los están investigando, y en algunos casos comprobados por la justicia, ha habido al menos corrupción sino robo descarado de los bienes del Estado.
Sin embargo, en el tema de la eficiencia y eficacia de la gestión pública poco o nada se ha avanzado, comenzando con el control y la auditoria de los bienes del Estado por la Corte de Cuentas. En este punto, como país hemos avanzado milímetros y no solo porque no se cuenta a cabalidad las “costillas” de los funcionarios en cuanto al uso de los fondos públicos, sino en la gestión administrativa, todavía más, haciéndose del ojo pacho para evaluar lo hecho y si esto responde a las necesidades de la población.
Lo decía la semana pasada, el director de Centros Penales reconoció que recuperaron casi 500 teléfonos al interior de los penales, en poder de los reos, o sea que al menos 500 veces se violaron las medidas de seguridad… ¿quién es el responsable de esto?, nadie, como tampoco nadie es responsable de que los penales estuvieran a merced de los reos y no de las autoridades.
Esta semana, con sorpresa y admiración, nos enteramos que hay crisis en el sistema nacional de agua potable, y tan grave es la situación, que se decreta medidas “casi extraordinarias” para cuidar el agua… Siete años, sí, siete años tiene el actual presidente de Anda al frente de la institución y hasta ahora se da cuenta de que los pozos se están secando, que las tuberías están destruidas y que amplios sectores de la población no cuentan con agua.
Todavía más sorprendente es que entre las medidas que se tomarán en las instituciones públicas están “reparar las fugas de agua, reducir la capacidad de los tanques de agua de los servicios sanitarios, cerrar bien los grifos…”. O sea que no lo hacen, como tampoco se hace poseer una red de reservorios a nivel nacional que capte el agua lluvia que en nuestra región es abundante y que se pierde en su mayoría.
Dicho en pocas palabras, a diferencia de lo ocurrido con la ministra de Transporte de Bélgica, que tuvo que renunciar por la incapacidad para evitar las acciones terroristas a través de la mejora de la seguridad en los aeropuertos, en nuestro El Salvador, debemos de agradecer y felicitar a los funcionarios incapaces para ejercer su función, sea esta mantener la seguridad y enfrentar la delincuencia, hacer valer la ley en los centros penales o cuidar los recursos hídricos.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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