Esta semana, en medio de los anuncios de medidas excepcionales (no tan excepcionales) propuestas por el gobierno para controlar la crisis en seguridad y otras simplemente descabelladas, también planteadas por el Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa ha surgido un proyecto interesante. El único coherente en mucho tiempo, que no parece tener (por lo menos hasta el momento) como eje central la manipulación de la desesperación ciudadana. La propuesta, presentada por diputados de ARENA, no está enmarcada en la absurda competencia que existe entre los partidos por proyectar posturas progresivamente radicales de combate a la criminalidad, que suenan atractivas, pero que no tienen sustento técnico.
La propuesta de la oposición está más orientada a propiciar condiciones para que el trabajo desarrollado por el aparato de seguridad sea efectivo y eficiente. Este es el primer planteamiento técnicamente válido e inteligente de ARENA. No parece estar infectado del tradicional hedor político que ha caracterizado en el pasado las propuestas de todos los partidos.
El proyecto presentado por la oposición, esencialmente, propone crear una entidad fiscalizadora para vigilar el destino de los impuestos recolectados para la seguridad pública, el gasto público en materia de seguridad y, además, evaluar los resultados de los planes y estrategias trazadas. Según las publicaciones periodísticas sobre el tema, este cuerpo contralor contaría con la participación de representantes de los diferentes partidos, organismos internacionales y la empresa privada.
He utilizado este espacio muchas veces para abogar por la creación de esta entidad. En reiteradas ocasiones he planteado la necesidad de construir un espacio y una mecánica para aumentar la fiscalización del gasto público en seguridad y establecer la efectividad (o inefectividad) del trabajo de las instituciones del rubro. Aunque la propuesta de ARENA coincide con que este tipo de entidad debe de contar con una normativa que le dé robustez, parece que el proyecto no contempla un elemento esencial, cuya importancia he subrayado siempre que he discutido el tema en este y otros espacios: la ley debe de establecer el carácter vinculante de las evaluaciones y recomendaciones emanadas de la entidad colegiada. Puedo estar equivocado, pero esta es la impresión que me quedó después de leer los artículos de los periódicos que informaron sobre el proyecto.
La entidad debe de tener dientes. Si la ley no establece el carácter vinculante de sus solicitudes de información y de sus recomendaciones, queda a discreción del gobierno su funcionamiento y, por lo tanto, su éxito o fracaso. Dejar en manos de los políticos la seguridad pública sería desastroso. Han demostrado que su interés pocas veces está alineado con el de la ciudadanía. Los objetivos partidarios casi siempre están por sobre el bienestar de los salvadoreños.
Durante las últimas semanas esto ha quedado evidenciado por las publicaciones de diferentes medios de comunicación, que confirma que ningún partido político está inmune al atractivo de negociar con grupos criminales. Todos los partidos, como he advertido en varias ocasiones, han sucumbido ante los beneficios ofrecidos por las pandillas en épocas electorales. Recientemente, trascendió que el presidente Sánchez Cerén ganó gracias a un pacto entre su partido y los cabecillas de las pandillas. Ahora que el oficialismo no ha cumplido con sus promesas a satisfacción de su contraparte, los pandilleros amenazan con castigarlos en las urnas. Lógicamente, esto causará una reacción en los diferentes partidos y, lo más probable, es que sea buscar congraciarse con esos grupos nuevamente.
Este tipo de interacción entre los políticos y las pandillas es la que hace necesario que exista un espacio mediante el cual la ciudadanía pueda fiscalizar, evaluar y re-direccionar el gasto y las estrategias gubernamentales de seguridad pública. Es necesario apoyar este tipo de propuestas y exigir muchas más.
*Criminólogo
@cponce_sv