Hace cuarenta años los Estados no contaban con mecanismos legales para enmendar las crisis políticas. A partir de la década de los noventa los casos de Collor de Mello en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Abdalá Bucaram en Ecuador y Cubas Grau en Paraguay se solucionaron por la vía constitucional. Algunos de los juicios políticos no progresaron y uno de los señalados decidió renunciar al cargo para evitar el escarnio público al que sería sometido.
El siglo XXI no ha sido ajeno a este tipo de situaciones. Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay fueron removidos por diferentes razones atendiendo decisiones legislativas. Ciertamente el expediente de “Mel” tuvo matices que sembraron dudas acerca de la legalidad del procedimiento aplicado dada su expulsión del país. Sin embargo, fue la misma Corte Suprema de Justicia hondureña la que ordenó su deposición en atención al presunto cometimiento de delitos graves como el de “traición a la patria”.
La causa contra Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, si finalmente produce el cese de su mandato, representará una evidencia adicional acerca de los métodos que los sistemas políticos emplean en la actualidad para resolver los trances generados por los mandatarios cuando los escándalos en los que se les involucra y las acusaciones en su contra son de tal magnitud que les impiden continuar en el ejercicio de sus funciones.
La destitución de un gobernante como consecuencia de un “juicio político” o “impeachment”, según el derecho anglosajón, no constituye una “estrategia desestabilizadora” de la oposición política para afectar al gobierno de turno con el propósito de impedir que continúe la implementación de programas y medidas en beneficio de la población. Según ha trascendido, la situación de Rousseff se debe a la manipulación de los presupuestos del Estado mediante decretos que alteraron o escondieron la existencia de créditos con la banca pública.
En otra época, la manera de solventar esta clase de entuertos jurídicos habría sido la trama de golpes de Estado. Ahora, queriendo revivir aquel pasado, hay quienes los califican como “golpes suaves” o “golpes no tradicionales” cuando en realidad, a diferencia de los sesenta o de los setenta, hoy se trata de causas judiciales de naturaleza constitucional, que respetando el debido proceso, persiguen probar la realización de conductas inadecuadas por parte de los mandatarios que incumplieron las normas fundamentales y que alteraron o habrían perturbado gravemente el Estado de Derecho.
No nos hallamos frente a insólitas y perversas estrategias para trastornar el poder político. En Latinoamérica se está gestando una nueva sociedad. Se trata de un cambio de paradigmas en el que los ciudadanos han sustituido el papel pasivo que les caracterizaba por uno mucho más dinámico y enérgico cuya fuerza es imposible de atajar por parte de quienes ejercen el gobierno. El de la presidenta de Brasil es uno de los tantos episodios que podríamos testimoniar en los próximos años. El relevo y enjuiciamiento del presidente y de la vicepresidenta de Guatemala es otro de los sucesos cuya mecha encendió por las protestas de una población harta de engaños y de actos corrupción por parte de la clase política.
Varios gestos de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el reciente Foro Internacional de Análisis Político organizado por el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, dan cuenta de la orientación que el nuevo funcionario imprimirá a su administración frente a dificultades como las apuntadas y aprietos que padece el Continente, y que ya asomaron sus primeros “colmillos” en los casos de Venezuela, Brasil y Honduras. Almagro no es un “antichavista”, ni un “pro Rousseff”, ni persigue remediar por sí mismo el problema de la corrupción generalizada en la región. Nos encontramos frente a un protector del sistema interamericano cuya hoja de ruta está orientado por una brújula conocida como “Carta Democrática”.
Lo mismo que Almagro al frente de la OEA, la sociedad civil organizada y quienes reclaman más transparencia e instituciones funcionales y apolíticas no pretenden “venganzas políticas” ni interrupciones violentas del poder. Simplemente están convencidos que el nuevo cambio de época exige demócratas firmes, sin dobleces y comprometidos con las aspiraciones de la gente.
*Columnista de El Diario de Hoy