L
a reacción popular a la súbita visita del Presidente Salvador Sánchez Cerén a la ANEP ha sido bastante positiva. Por supuesto, esta no ha sido la primera vez que se han realizado acciones que proyectan la imagen de un acercamiento entre el sector privado y el gobierno. Esta imagen se ha dado muchas otras veces en las dos administraciones del FMLN, principalmente con la formación de foros para discutir los problemas del país. En esos foros han participado no sólo el gobierno y la ANEP sino también muchos otros sectores. Desgraciadamente, todos estos esfuerzos se han desinflados por varias razones.
La primera y la principal de estas razones es que la motivación del gobierno para llamar al supuesto diálogo no ha sido discutir los problemas del país con el objetivo de llegar a acuerdos de acción, sino solamente dar la impresión de que ese es el objetivo. Siendo esta la realidad, el gobierno simultáneamente ha insultado al sector privado en otros foros, lo ha acusado de ser la causa de todos los problemas del país, y ha tornado su oído sordo a cualquier sugerencia que el sector privado pudiera hacer. Ha sido como construir una jaula para los pericos y meterlos a todos allí para que se hagan ruido unos a otros.
En esta ocasión hay una razón para darle el beneficio de la duda al gobierno. Ante el colapso de Venezuela y el resto de los países del Socialismo del Siglo XXI, y el volteo de Cuba, que ahora mira su futuro en su nueva relación con Estados Unidos, y ante la acumulación de problemas en el país que sus políticas (o la falta de ellas) han causado, es posible que el gobierno haya decidido buscar de verdad la ayuda del sector privado para resolverlos. El hecho de que el Presidente mismo haya ido a la ANEP puede ser una muestra de un nuevo espíritu.
Pero si fuera cierto que el gobierno tiene ese nuevo espíritu, hay una amenaza capaz de destruir el nuevo diálogo: la viciosa tendencia hacia la grandiosidad que ha sido tan destructiva en la historia de la América Latina. La amenaza viene más de la ANEP que del gobierno. En recientes declaraciones, ANEP dijo que hay que aprovechar este diálogo para discutir muchas cosas que deberían haber sido acordadas en los Acuerdos de Paz. Entre ellas mencionaron en una entrevista con La Página: "Definamos qué tipo de economía o cuál es el modelo del sistema económico que va a regir a El Salvador. Es una economía centralmente planificada o es una economía de mercado o social de mercado. Definamos claramente que tipo de democracia es la que queremos. Una democracia representativa o una democracia de partido único. Una democracia donde haya cabida para todos los pensamientos o una democracia donde solo hay un pensamiento que es el que se debe de seguir por todos. Queremos un sistema donde haya balance de poderes o queremos una democracia donde el poder está concentrado en un solo órgano y el Ejecutivo controla el Legislativo y controla el Judicial. Queremos instituciones democráticas al servicio de la solución a los problemas de la población o queremos una institución democrática al servicio de un proyecto
político."
Fue una suerte que los que negociaron y firmaron los Acuerdos de Paz no se metieron a discutir estos temas. Si lo hubieran hecho, todavía estaríamos esperando a que terminara la primera vuelta de discursos, mientras los contendientes de la guerra estarían matándose los unos a los otros. Afortunadamente los firmantes de la paz se pusieron de acuerdo en que había unos cuantos puntos fundamentales que había que dejar claros: que la guerra no es la manera de dirimir las diferencias en una sociedad inteligente, que en vez de guerra debería de crearse el imperio del derecho, y que había algunos temas que era urgente atender en el corto plazo para que esos dos objetivos se lograran.
Gracias a Dios también que los firmantes entendieron que la Constitución ya establecía muy claramente que el régimen salvadoreño es una democracia liberal que respeta los derechos del individuo. Cualquiera que lea la Constitución se de cuenta de que el balance de poderes está allí incluido, que la propiedad privada (la base de una economía de mercado) está garantizada en función social, que El Salvador es una democracia representativa, que se garantizan la libertad de pensamiento y de expresión, y que la soberanía reside en el
pueblo, no en ningún proyecto político. ¿Es que está la ANEP proponiendo volver a abrir todos estos temas? Hasta ahora ni el FMLN se ha atrevido a poner en peligro los derechos ciudadanos y la forma republicana representativa abriendo una discusión sobre la estructura jurídica del país.
ANEP debería concentrarse en los problemas más apremiantes de la población, que incluyen las necesidades de invertir, de garantizar la seguridad ciudadana y de mejorar los servicios públicos (incluyendo salud y educación). Es en las soluciones que ANEP proponga para esos problemas que ella puede afirmar implícitamente todos los principios que quiere promover. Es en esas soluciones que la Constitución debe respetarse. El país tiene tantos problemas que lo que requiere son soluciones concretas, no declaraciones abstractas.
Creo que la ANEP también debería entender que si se fueran a discutir todas las cosas que quiere discutir esto se haría no en una reunión de la ANEP con el gobierno, sino en una Asamblea Constituyente electa por el pueblo.