El jueves aparecieron asesinados en San Juan Opico ocho trabajadores de una empresa eléctrica y tres personas más que murieron por haber presenciado cómo los asesinaban. El viernes una de las empresas insignia del país cerró una de sus plantas en San Salvador por la inseguridad de su vecindario.
Estas historias son extraordinarias sólo por la prominencia de las empresas victimizadas. Los asesinatos de propietarios o trabajadores asesinados en tiendas o pequeños negocios, o el cierre de estos por muertes o amenazas son tan frecuentes que la gente ni lee las noticias sobre ellos. Pero los sucesos de la semana pasada sí marcan un paso más en el avance de la anarquía que está caracterizando a nuestra sociedad porque ahora las víctimas son los trabajadores de grandes empresas que cuentan con grandes contingentes de seguridad para protegerlos. El hecho que ya no lo puedan hacer muestra cómo el balance del poder está pasando a los elementos criminales.
Las historias de empresas que tienen que pagar a las maras para poder entrar a muchos barrios de San Salvador y otras ciudades, y a muchos pueblos y regiones en el país son ya demasiadas para calificarlas como anécdotas aisladas, al igual que las historias de pobladores de un vecindario controlado por una mara que son asesinados por haber pasado al territorio controlado por otra. Día con día las historias se vuelven peores. Día con día los lugares del país a los que se puede ir con relativa seguridad (¡la seguridad plena ha desaparecido en el país desde hace tanto tiempo!) se van volviendo cada vez más escasos.
Pero la caída hacia el caos no se documenta sólo con noticias individuales. El ritmo con el que está creciendo el terror es increíblemente rápido. En la semana se publicaron los resultados de la violencia de los dos primeros meses de este año. Con los asesinatos creciendo de 643 en 2015 a 1399 en 2016, el aumento fue de 117.6 por ciento. En 2014 fueron 481, de modo que en dos años los asesinatos en esos dos meses se han casi triplicado, y en un solo año de 2015 a 2016 se han más que duplicado.
Las reacciones del gobierno a todos estos eventos tan preocupantes han sido las que siempre ha tenido: total impavidez frente a los crímenes y protesta, repudio y amenazas contra los cuestionamientos que la prensa o el público puedan hacer sobre lo que el gobierno hará o ha hecho con respecto a los terribles eventos que están sucediendo en el país.
Hace solo un par de meses el gobierno protestó airadamente contra la publicación en El Diario de Hoy de varios mapas mostrando cómo se distribuye el control de las distintas maras sobre los distintos barrios de la capital. En gobierno hasta amenazó al periódico con acusarlo judicialmente por "apología del delito" por implicar que el gobierno no controla el territorio nacional. La evidencia, sin embargo, muestra que las maras le están arrancando el control territorial al gobierno en un porcentaje cada vez mayor. ¿O no son muestras de falta de control por parte del gobierno que empresas tengan que cerrar sus operaciones o que familias tengan que sufrir la pérdida cada vez mayor de vidas por la violencia incontrolada?
En esta vez el gobierno ha mostrado la misma impavidez. No ha protestado por la publicación de las tristes noticias de la semana pasada, pero mostró la misma actitud de siempre en una conferencia de prensa en la que el presidente consideró una falta de respeto para uno de sus ministros que una periodista le pidiera, respetuosamente, que aclarara un punto. El gobierno también aseveró que el cierre de empresas es un evento muy común en una economía moderna, como si la planta cerrada la semana pasada hubiera sido cerrada por problemas del mercado, no por la falla del gobierno de mantener el orden en su populoso vecindario.
Si hubiera algún reporte semanal que escribir a la población, resumiendo todos estos alarmantes eventos, el gobierno probablemente escribiría "sin novedad en el Frente" ya que la indiferencia es lo que muestra a todo lo que no afecte directamente al Frente mismo.
Es difícil saber qué es más aterrorizante: si la rapidez con la que el gobierno está perdiendo el control territorial, o la indiferencia con la que toma esta pérdida, o la falta de una fuerte opinión pública que lo haga reaccionar con seriedad a este problema.