Como una resolución que sentará un precedente sobre la forma en que las instituciones públicas brindan la información que les solicitan los ciudadanos. Así califica Claudia Ortiz, de Proyecto Cero, la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), donde se afirma que la Asamblea Legislativa debe entregar el detalle de las votaciones de la plenaria del 8 de septiembre de 2016 en archivos de Excel, cvs (valores separados por comas) u otro similar; es decir, archivos procesables.
Ortiz y el ciudadano Jaime Alberto López solicitaron la información el 14 de septiembre de 2016.
Como la Asamblea tiene un sistema computarizado de conteo de votos, pidieron que la información se les proporcionara en “formato digital procesable”. Es decir, archivos de Excel, csv o similares que incluyeran una tabla con el detalle de:el dictamen o la petición votada, el nombre del diputado, la fracción legislativa y la forma de votación (en favor, en contra o abstención).
La Oficina de Información y Respuesta de la Asamblea Legislativa admitió la solicitud y la respondió el 26 de septiembre. Sin embargo, no proporcionó la información en archivos de formato procesable sino con un enlace a su página web, desde donde se puede bajar un archivo con la información solicitada, pero en formato pdf. Para extraer la información de ese tipo de archivos se necesitan conocimientos informáticos, tiempo y recursos, explica Ortiz.
El 4 de octubre, Ortiz y López presentaron un recurso de apelación ante el IAIP, en el cual argumentaron que “el derecho de acceso a la información pública no sólo comprende el contenido de los documentos sino también el formato de estos”. Si la información es entregada en un formato no procesable, eso “puede provocar que la información sea difícil o imposible de utilizar”, añadieron.
Con este y otros argumentos, Ortiz y López pidieron al IAIP que admitiera su recurso de apelación y que declarara que “el acceso a la información pública comprende no sólo garantías sobre el contenido de la misma, sino también sobre los formatos en que la información debe ser proporcionada”.
El jueves pasado, Ortiz y López recibieron la notificación de la resolución definitiva NUE 319-A- 2016 (JC), sobre su recurso de apelación. En esta se ordena a la Asamblea Legislativa que, en cinco días hábiles a partir de la notificación, entregue a los ciudadanos solicitantes el detalle de las votaciones de la sesión plenaria del 8 de septiembre de 2016 y que “el detalle sea proporcionado en formato digital procesable (Excel, csv u otro similar)”.
Para cada dictamen o petición votada, los archivos deben contener el registro de: el nombre del diputado, la fracción legislativa y la forma de votación.
El IAIP también requiere al titular de la Asamblea Legislativa que, en un plazo de 24 horas, después de terminado el plazo para entregar la información, envíe a la unidad de Fiscalización del instituto el informe de cumplimiento de la resolución. Según el artículo 95 de la LAIP, las partes tienen tres días hábiles para apelar la resolución y esta debe ser resuelta en los tres días hábiles siguientes.