Los $105 millones que el ministerio de Hacienda prevé recaudar en 2017 del impuesto a la seguridad que pagan todos los usuarios de telefonía y los grandes empresarios se destinarían a otros rubros y no en combatir la delincuencia y las pandillas, que es el objetivo por el cual fue aprobado dicho tributo en la Asamblea.
Esta preocupación fue externada ayer por el diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, después de recibir en la comisión de Seguridad una carta en la que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, da su visto bueno a la recomendación del mismo gobierno de de que sí es posible usar de esos recursos para apalancar la nueva Ley de reinserción de pandillas que aún se encuentra en discusión en el Congreso.
El aval de Hacienda se da en momentos en que el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, de GANA, ha propuesto darle el 10% de los fondos recaudados del impuesto a la seguridad para fortalecer el trabajo de la Fiscalía, iniciativa que no ha prosperado entre los partidos políticos.
Vargas además criticó que quieren dar fondos a la ley de Reinserción, pero no hay fondos para ejecutar la ley que fue aprobada en 2015 para los veteranos de guerra del FMLN y de la Fuerza Armada. De hecho, el gobierno ni siquiera ha definido un monto para atender la demanda de una pensión mínima de $200 al mes que pide ese gremio.
Cáceres fue explícito en una de sus recurrentes visitas a la Comisión de Hacienda de la Asamblea que el gobierno no tiene dinero disponible para cumplir con esa ley, máxime cuando el pago de las pensiones los tiene en una grave situación fiscal, dijo.
Vargas trae a cuenta que con el solo hecho de aprobar una normativa que carece de financiamiento el gobierno estaría incumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada por la Asamblea en noviembre de 2016, ya que es un compromiso que adquirieron ARENA y el FMLN, con la anuencia del resto de partidos, de no aprobar leyes si no contemplan la asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación.
La Ley de Reinserción ha recibido críticas de la oposición que señala que no es una ley que debe contar con fondos del impuesto de seguridad, porque no combate el delito, sino que va a prevención.