En El Salvador, es innegable que últimamente se han dado importantísimos pasos en materia de transparencia. La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, las actuaciones del Instituto de Acceso a la Información que en el balance han resultado positivas, el proceso de maduración de la ciudadanía que ha comprendido la necesidad de involucrarse en la adopción de políticas públicas y, por ende, en su rol fiscalizador, ha generado un cambio radical en el manejo y divulgación de la información.
Como es natural, esto ha afrontado resistencias de ciertos sectores, que intentan mantener el status quo y que – sin decirlo abiertamente – aun no comparten la necesidad de transparentar y eficientar la gestión pública. Dentro de estos sectores, han sido los partidos políticos quienes más se han destacado.
De acuerdo a nuestro ordenamiento, los partidos políticos reciben fondos públicos a través de la “deuda política”, la cual busca promover la libertad y la independencia de los referidos institutos, otorgándoles determinadas cantidades de dinero en función de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones o, en su caso, en función del inicio de sus actividades como partido político.
La historia ha demostrado que este mecanismo ha sido insuficiente para financiar las necesidades de los partidos, los que se ven forzados a acudir al financiamiento privado, también permitido por nuestro ordenamiento. Es este el rubro de financiamiento que más dificultades ha presentado, porque ha sido manejado en la más absoluta obscuridad.
La falta de transparencia en este rubro ya ha demostrado generar importantes problemas para el ejercicio democrático y ha dejado entrever que es un nicho importante de actividades de corrupción, favoritismos y clientelismo. Esto a su vez ocasiona una afectación directa en los intereses de todos los ciudadanos.
El tema ha llegado incluso a conocimiento de la Sala de lo Constitucional, la que reconoció que en materia de manejo de fondos por parte de los partidos, la transparencia contribuye a mejorar la calidad del proceso democrático ya que optimiza la calidad de la información del elector, facilita la identificación de vinculaciones entre políticos y sectores de interés, genera incentivos para evitar conductas corruptas, aumenta el costo o el riesgo que traen aparejados los actos de corrupción, permite la verificación del cumplimiento de las normas sobre financiamiento, tiende a evitar la desviación de fondos públicos a favor del partido de gobierno, incentiva el control recíproco de los partidos políticos y brinda insumos y parámetros para la evaluación de las decisiones de los funcionarios, una vez que han sido electos.
Pero a pesar de ser esto tan claro, los partidos políticos han cerrado filas negándose a proporcionar esta información. En febrero de este año, algunos miembros del movimiento “Acción Ciudadana” presentaron a todos los partidos que participaron en la pasada contienda electoral, una petición formal para que entregaran información relacionada con su financiamiento y con el uso que habían dado a los fondos obtenidos.
Sin excepción, los partidos políticos se negaron a otorgar la información, dando respuestas que solamente reflejan la dualidad de su discurso. Contrario a las manifestaciones públicas de lucha contra la corrupción y apego a la transparencia, ninguno de los partidos políticos mostró estar verdaderamente comprometido con tales anhelos.
Los partidos olvidan que todos los ciudadanos tenemos derecho a que los vehículos a través de los cuales se propicia el ejercicio del sufragio y la posterior representación ciudadana, estén dispuestos a explicarnos cómo es que obtienen su financiamiento y de quién lo obtienen.
La realidad internacional pero sobre todo nuestra propia realidad nacional, nos ha enseñado que no son pocos los casos en que los partidos o sus miembros están recibiendo contribuciones provenientes de actividades ilícitas o están recibiendo contribuciones en tales proporciones, que es casi imperativo esperar un comportamiento que tienda a satisfacer los intereses del financiador, en perjuicio de los intereses de la colectividad.
Para nada estoy afirmando que esto es siempre así, pero tampoco se puede ignorar que esa falta de transparencia ya nos ha ocasionado muchos males y que de esto no ha escapado ninguno de los actuales partidos. Esto debe cambiar y debe cambiar muy pronto; si los partidos no quieren hacerlo, seremos los ciudadanos los que impulsaremos tales cambios. ¡Basta de dobles discursos!
*Colaborador de El Diario de Hoy.
@hsaenzm