Yanira de los Ángeles Claros y Mauricio José García Peñate son dos abogados que formaron parte, junto a otros 18 trabajadores, del Proyecto Fortalecimiento para la aplicación de la normativa de alcohol y tabaco, de la Dirección Regional de Salud Occidental de Santa Ana. Ambos fueron llamados a firmar su renuncia para volver a ser contratados, pero rechazaron el acuerdo por considerarlo contrario a la ley.
La primera de los profesionales laboraba como colaboradora jurídica de dicha dirección, mientras que el segundo era inspector técnico de la misma. El 10 de junio de 2016, Fosalud, que dirige Verónica Villalta, esposa del Secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marco Rodríguez, les notificó que no continuarían en sus cargos.
Claros y García decidieron acudir a la Sala de lo Constitucional de la CSJ para presentar un amparo por vulneración al derecho de trabajo y la estabilidad laboral, el cual fue admitido. La Sala ordenó a Fosalud, el 24 de marzo pasado, que restituyera a los empleados en sus cargos o en otros similares, pero la institución no ha obedecido. Según argumentó, han interpuesto un recurso de revocatoria contra la decisión judicial (leer nota aparte).
El fallo emitido por el máximo tribunal de justicia, al que tuvo acceso El Diario de Hoy, iba dirigido a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, por ser la presidenta del consejo directivo de Fosalud, a Villalta y al jefe de la unidad de relaciones laborales.
“Suspéndase inmediata y provisionalmente los efectos de la actuación impugnada. La medida cautelar que ha de entenderse en el sentido que mientras dure la tramitación de este proceso de amparo hasta que se emita el pronunciamiento”, fue una de las órdenes directas de la Sala.
Los antecedentes
En una reunión con el gerente de asuntos jurídicos de Fosalud, Marcelo Marquelli, los 18 empleados del programa contra tabaco en la región occidental fueron notificados de que sus contratos finalizarían el 31 de mayo de 2016, bajo la promesa de que serían indemnizados “por todo lo que les corresponde”.
La promesa de Marquelli fue que nadie “está siendo despedido ni nadie está siendo en su currículum o expediente dañado como mal trabajador”.
Les explicó que el nuevo proyecto iba “a ser más exigente. El proyecto contempla el reconocimiento de un poco más de incentivos en sus honorarios pero más exigentes en los resultados que vamos a tener”. Al mismo tiempo, Marquelli les manifestó que no le gustaba la forma en que se estaba realizando el procedimiento, pero que el mismo “se venía consumando desde el mes de enero (de 2016)”.
Los dos empleados afectados denunciaron que la directora ejecutiva de Fosalud dio órdenes a la directora regional de esta entidad para que impidiera que estos entraran a sus oficinas, algo que reconoció la directora ejecutiva de la institución.
Los demandantes explicaron que sus cargos eran de carácter “permanente”, por lo que no entraban en el nombramiento de plazas sino de contratos, los cuales, aunque tuvieran fecha de caducidad cada año, eran plazas necesarias y se mantenían pese a su caducidad al 31 de diciembre.
“Ellos lo vendieron como que era un nuevo proyecto, lo cual hasta la fecha no es cierto, porque nosotros hemos revisado todas las actas de consejo y en ningún acta existe algo donde se diga que se ha firmado el convenio nuevo. El convenio ya venía desde la (exministra de Salud) doctora María Isabel Rodríguez y así se había venido ratificando. No hay convenios que se estén renovando entre Minsal y Fosalud constantemente, eso es una gran mentira”, sostuvo la afectada, Yanira Claros.
Los afectados aseguraron que eran los únicos que cumplían con la ley, razón por la cual no quisieron ser ratificados en sus cargos.
“De manera oscura quisieron someternos. Haciendo toda esa argucia iban a cubrir lo que ellos en el fondo querían. Si éramos los únicos aplicadores de ley, si éramos los únicos que estamos exigiendo el cumplimiento para las autorizaciones estábamos haciéndole clavo a la principal tabacalera”, acotó Claros.
Al mismo tiempo, adujeron que para el nuevo proceso de contrataciones las autoridades de Fosalud se basaron en un reglamento inconstitucional.
“Si ellos no nos querían en el proyecto porque les estábamos funcionando, nos hubieran reubicado, simple y sencillamente. Para ellos ya significábamos un problema. Éramos los incómodos porque la señora ministra y la directora han estado, desde que ingresamos, solo con los resultados de la región occidental”, señaló Claros.
La abogada dijo que esperan tomar otras medidas penales si la institución no cumple con la medida ordenada por la Sala.