Fiscales italianos, en el 2012, acusaron judicialmente a exfuncionarios y jefes de la mafia por presuntamente haber negociado una reducción en la cantidad de homicidios durante la década de los noventa, a cambio de la concesión de beneficios para cabecillas mafiosos purgando penas en el sistema penitenciario. Según las indagaciones fiscales, burócratas y criminales, en el marco de su oscuro pacto, fraguaron y ejecutaron el homicidio de los icónicos jueces antimafia Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, para silenciarlos y evitar que denunciaran públicamente el acuerdo entre el Estado y grupos criminales.
Veinte años después de los asesinatos, en el 2012, los testimonios de delincuentes sirvieron como punto de partida para armar el rompecabezas que llevó a la acusación formal de los exagentes del Grupo de Operaciones Especiales Mario Mori, Antonio Subranni y Giuseppe De Donno, el ex ministro del Interior Nicola Mancino, el ex legislador de Forza Italia Marcello Dell’Utri, y el ex ministro del sur de Italia Calogero Mannino. La acusación fiscal vinculó a estos exfuncionarios con los cabecillas mafiosos Salvatore Riina y Leoluca Bagarella, ambos ahora ancianos y aún en el sistema penitenciario.
En julio del 2012, describí este caso en este mismo espacio y señalé las preocupantes implicaciones que sugería para la situación salvadoreña. Argumenté, en reiteradas ocasiones, que casos como el italiano revelan los macabros y peligrosos alcances de los pactos entre grupos criminales y el sector político. Esto, expliqué, debería de servir para anticipar los oscuros caminos y las nefastas consecuencias de este tipo de interacción entre delincuentes y el Estado.
Advertí, en esa ocasión, que el caso italiano también ofrecía una esperanza para los salvadoreños. Específicamente, escribí: “las recientes acusaciones presentadas por fiscales italianos demuestran que, habiendo tantos involucrados, con el tiempo más de alguno abre la boca (tanto funcionarios como criminales) y, por lo tanto, existe la posibilidad de que los funcionarios irresponsables, sus colaboradores y los delincuentes que participan y colaboran con la negociación, respondan en el futuro por sus pactos oscuros y todas las consecuencias que éstos conllevan para la sociedad”.
El reciente video diseminado por medios de comunicación – en el que se observa a un grupo de mujeres desnudas bailando al interior del centro penal de Izalco, ante un público conformado por pandilleros y, sorprendentemente, custodios penitenciarios – demuestra que, efectivamente, con el tiempo más de alguien abre la boca y, por lo tanto, existe la posibilidad de sancionar a quienes participaron de acuerdo a lo que dicta la ley. Después de varios años de que la esperanzadora acusación fuera presentada por fiscales italianos en los tribunales de su país, el desarrollo de ese caso sigue produciendo importantes lecciones que los salvadoreños debemos de considerar.
El juez del tribunal en que se ventila el juicio, en noviembre del 2015, exoneró a uno de los acusados, Calogero Mannino. Los fiscales, según han declarado ante los medios de comunicación, apelarán el veredicto ante una instancia judicial superior. Los demás imputados, no obstante, aún están siendo procesados (Mannino optó por un proceso abreviado). Algunas personas argumentan que existió injerencia política, pero también es posible que la fiscalía fallará en construir un caso sólido. Ambas alternativas representan una oportunidad perdida para que los italianos se asegurasen de mandar un mensaje a los políticos que pretenden pactar con criminales.
Esto es especialmente importante para El Salvador ahora que están saliendo a la luz pública detalles de la negociación entre el Estado y las pandillas. Es aún más relevante considerando que se observan movimientos en el aparato de seguridad que sugieren que el oficialismo se está preparando para minimizar el potencial daño causado por una eventual acusación y blindar a los máximos funcionarios y exfuncionarios. La Fiscalía debe de asegurarse que su caso sea sólido y lo suficientemente robusto como para aguantar las inevitables presiones e intromisiones políticas.
*Criminólogo
@cponce_sv