Nuestra democracia en juego

El Salvador vive una vorágine de noticias en estos primeros meses del año. Entre los procesos a los expresidentes por supuesto enriquecimiento ilícito, las cuestionadas capturas de nuestros militares, el proceso a los acusados por la clonación de páginas de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, la amenaza del robo de los ahorros de nuestros trabajadores, la inseguridad, entre tantos otros temas, los salvadoreños pasamos de una información a otra.

Sin embargo, entre estos tópicos hay uno que no debe pasar desapercibido y es la anómala renovación del contrato de la empresa Mühlbauer para continuar extendiendo el Documento Único de Identidad (DUI) a todos los ciudadanos. Prórroga multimillonaria que se le otorgó 14 meses antes y, a pesar de que había fuertes señalamientos de incumplimiento del contrato.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), a través de su presidenta, Margarita Velado –por cierto exdiputada por el FMLN- dice que estos señalamientos son promovidos por un claro interés comercial por parte de una empresa a la que no se le adjudicó la emisión del DUI.

Esas expresiones no nos pueden desviar de lo que está en juego con la emisión del DUI, y es que eso pone en riesgo la seguridad del país porque no sería raro encontrar una persona con dos documentos de identidad, permitiéndole evadir la justicia o cometer diferentes hechos delictivos. 

E igual de grave puede ser el hecho de que una persona con dos documentos de identidad puede alterar la voluntad popular expresada en las urnas, más cuando hay resultados cerrados. 

Se dice que el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas (AFIS) puede tener un margen de error del 2 %. En un padrón electoral de cinco millones de personas eso representa un aproximado de 100,000 documentos duplicados. Las últimas elecciones presidenciales en 2009 y 2014 se resolvieron con diferencias que en números redondos fueron de 50,000 y 6,000 votos, respectivamente.

Por otra parte, diferentes medios han reportado otras situaciones que dejan en entredicho el proceso de adjudicación de Mühlbauer, que comienzan desde el momento en que se elaboran las bases de competencia para la licitación ante la finalización del contrato de DOCUSAL.

En el proceso tiene participación Julio Hernández, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral -por parte del FMLN- quien luego aparece como representante legal de la empresa Mühlbauer. Actas del RNPN, que son públicas, consignan las participaciones del señor Hernández y en una de ellas –la 557 del 4 de mayo de 2010- habla de dar el contrato a la empresa por diez años, “para que termine luego de las elecciones presidenciales del 2019”. ¿Qué garantías hay de que no trabajó para que las bases de licitación fueran hechas a medida? ¿Actuó como juez y parte en el proceso?

Más sombras sobre la transparencia surgen cuando un representante legal del RNPN, en una audiencia, al referirse al Padrón Electoral, habla de que es el padrón del FMLN. Creo que toda persona, más si es militante del partido, puede cometer el error una vez, pero repetir ese error dos veces más ya es preocupante.

Otros cuestionamientos aparecen en un informe de auditoría de gestión a las tecnologías de información y comunicación del Registro Nacional de las Personas Naturales de la Corte de Cuentas, correspondiente al período 1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2014. En ella, al RNPN se le señala falta de seguimiento al cumplimiento de las cláusulas del contrato de concesión de la prestación de los servicios públicos del sistema de Registro, Emisión y Entrega del DUI. Falta de control para verificar el soporte técnico oportuno para el mantenimiento preventivo y correctivo del hardware de la concesionaria. 

De igual manera se determinó que el RNPN no evaluó la obsolescencia del equipo informático de Mühlbauer, utilizado para la emisión del DUI, le correspondía hacerlo en noviembre de 2012 y durante el período de la auditoría no lo hizo, y algo que debe llamar a reflexión es que no comprobaron que la herramienta utilizada para la identificación y administración de las huellas cumplía con lo especificado en los requisitos de contratación. 

A pesar de todos estos cuestionamientos, en 2015, las autoridades del RNPN decidieron extender el contrato a Mühlbauer para que siga emitiendo los documentos de identidad.

Al FMLN no le interesa que se investigue estas anomalías, de hecho a principios de esta legislatura, la constitución de una Comisión Especial que investigue el contrato a esta empresa y las irregularidades detectadas en el proceso de entrega de documentos fue de los primeros temas que nuestro partido ARENA puso en agenda. A nuestra petición se sumaron GANA y PCN, pero en la Comisión Política el tema no prosperó.

Uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, reconocido por Naciones Unidas, es el derecho a la identidad. En El Salvador, el DUI es lo que garantiza ese derecho y abre la puerta a otros como el derecho al sufragio, a la propiedad, a un pasaporte, entre otros; es decir, que el documento conlleva elementos vinculados a la seguridad. Por lo tanto, ese documento debe tener total y absoluta garantía de su inviolabilidad. Con este caso de Mühlbauer, la seguridad del DUI está en entredicho. Es en ese sentido que, en virtud de la transparencia y credibilidad en nuestro proceso democrático, urge que la Corte de cuentas resuelva una petición por la adjudicación temprana del contrato y la Fiscalía debe ir a fondo en la investigación de las irregularidades.

Sin dejar de lado la necesidad de una auditoría seria a nuestro padrón electoral, la cual podría ser ejecutada por un grupo interinstitucional que tenga la confianza de todos los sectores de la sociedad salvadoreña. La democracia no solo se mide en votos sino que también en la plenitud del goce de los derechos ciudadanos y las dudas sobre este caso me hacen recordar las palabras del exdictador Somoza, en Nicaragua: “Ustedes voten que yo cuento los votos”, trasladándolas a nuestro país, el FMLN nos invita a votar, total ellos extienden el documento de identidad.
 
*Diputado