Fiscal chavista pide revisar detenciones y confirma 26 muertos por la represión

Diputados sostienen carteles en contra del Defensor del Pueblo, Tarek Willian Saab, durante la sesión de ayer en la Asamblea Nacional de Venezuela.

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25 April 2017

La fiscal general de Venezuela, la chavista Luisa Ortega Díaz, pidió a las fuerzas de seguridad del Estado y al Poder Judicial que revisen la forma en que se llevan a cabo las detenciones de los opositores durante las marchas contra el régimen de Nicolás Maduro, para garantizar el debido proceso.

Además, la funcionaria confirmó que son 26 los muertos durante las últimas marchas.

En declaraciones a la prensa, Ortega Díaz remarcó que el debido proceso “es uno de los pocos derechos que no se puede suspender” y por el contrario “se debe garantizar” “incluso en los estados de excepción”, como el que rige en Venezuela desde hace meses por dictamen de Maduro.

En este sentido, aseguró que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) ha solicitado la libertad plena y medidas cautelares a favor de varios detenidos, sin precisar cuántos, “por no formar parte de acciones delictivas de algunos hechos, al menos así lo refleja las actas policiales”.

Asimismo, remarcó que el organismo ha velado por la integridad de las personas que han sido aprehendidas “y en aquellos casos que se ha requerido la intervención de un médico, nuestros propios forenses han estado presentes realizando las experticias”.

La fiscal narró el caso de 38 personas que fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) el pasado 19 de abril durante una manifestación en el estado Nueva Esparta (noreste).

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Indicó que durante esta operación “anómala” la policía científica recibió a estos detenidos y los trasladó a los calabozos sin conocer las circunstancias que provocaron estas aprehensiones. “Por ninguna parte (se explica) cuál es la conducta que desarrolló la persona para aprehenderla”, subrayó.

Ortega Díaz dijo que, por esta razón, el MP solicitó la nulidad de tales detenciones por carecer de sustento y que esta petición no fue acogida por el tribunal “quien optó por mantenerlos detenidos hasta la presentación de fiadores, sin que mediara la perpetración de un delito”.

“Este tipo de situaciones deben ser revisadas (...) el país necesita seguridad jurídica”, prosiguió la fiscal quien abogó por la certeza en estos procedimientos a fin de que “si la persona cometió un delito va a ser sancionada, pero si la persona no cometió un delito no puede ser sancionada”, insistió.

La fiscal también confirmó que son 26 muertos, tras las últimas protestas en Venezuela. Asimismo, dijo que han resultado heridas 437 personas y 1,289 han sido detenidas, de los que 65 permanecen privados de libertad, y otros 217 serán presentadas ante los tribunales.

Detalló también lo ocurrido en el caso de la muerte de una joven en Táchira, cuando “un grupo de motorizados (motoristas) civiles, armados, ingresaron a una vivienda porque supuestamente desde esa vivienda los estaban grabando”.

Las declaraciones de la fiscal general son las primeras en persona que realiza desde que el pasado 31 de marzo afirmara que, a su juicio, se había roto el hilo constitucional en el país por dos sentencias del Supremo, que luego fueron aclaradas y parcialmente suprimidas.