Una de las situaciones más graves que estamos viviendo, es la extradición a España de militares salvadoreños, supuestos responsables del asesinato de los padres jesuitas, uno de los hechos más vergonzosos del conflicto armado. Todos los países que han sufrido guerras fratricidas, el sanar las heridas constituye un proceso largo y doloroso, que inicia con una Ley de Amnistía, perdón y olvido, para volver a verse como hermanos, quienes en crueles circunstancias se enfrentaron como enemigos. Camino de reconciliación y perdón, que se alcanza recordando las palabras de Cristo en la Cruz: “Padre, perdónales…”.
Tras esa dura experiencia, y luego de la firma de los Acuerdos de Paz, se dictó la Ley de Reconciliación, para los miembros de la guerrilla, y luego la Ley de Amnistía para los miembros del ejército, para olvidar, perdonar y dirigir todas las miradas, no a la desolación causada por esos 12 años de destrucción, sino hacia un horizonte iluminado por la esperanza y el amor.
Pero en este momento, el juez español Eloy Velasco exige a través de Interpol, la extradición de militares salvadoreños para ser juzgados en España. Aunque en su país, los múltiples crímenes de la Guerra Civil y del período de la dictadura, se enterraron bajo una lápida de silencio, que cuando el juez Garzón quiso levantar, en un claro afán de venganza, fue suspendido y sacado del sistema.
En otra oportunidad, la policía española se mostró firme rechazando capturar a 19 personas que ocuparon altos cargos durante el gobierno de Franco, que fueron reclamados desde Argentina, por delitos de lesa humanidad y tortura. El ministro de justicia, Rafael Catalá, se negó a entregarlos, porque los delitos por los cuales habían sido señalados están prescritos en España, y por la Ley de Amnistía de 1977.
¿Por qué España debe administrar justicia? ¿No hay en El Salvador tribunales con suficiente competencia para hacerlo? ¿Son letra muerta las leyes de reconciliación y amnistía? ¿Y esto no es injerencia en los asuntos internos del país? Ninguna voz se ha levantado, como en otras ocasiones para proclamar a los cuatro vientos que se está atentando contra nuestra soberanía. ¿Qué pasaría si países extranjeros cuyos funcionarios fueron asesinados o secuestrados durante la guerra, tuvieran las mismas exigencias?
Recordemos cuando los diputados de la Asamblea Legislativa rechazaron la concesión del Puerto de Cutuco a empresas extranjeras interesadas, porque consideraban que se estaba vulnerando la soberanía. Mismo argumento que se usó contra la empresa ENEL, especialista a nivel mundial para extraer la energía geotérmica, y que nos llevó a millonarios litigios internacionales, que siempre perdimos. Porque dejar esa riqueza en manos extranjeras lo consideraron una pérdida de la soberanía, como si el vapor que ruge bajo la tierra se pudiera trasladar al extranjero.
Pero hoy pareciera que la soberanía está de vacaciones. Se pretende quitar a las autoridades salvadoreñas el derecho de juzgar, exigiendo someterse a las órdenes de un juez español, que ordena la extradición de los militares. Y tal vez, lo más grave de esta situación, de suyo humillante, es que se están abriendo viejas heridas, muchas tal vez no curadas del todo, y que hacen peligrar el único camino que este pueblo tiene para lograr la tan ansiada paz: Escuchar y poner en práctica las palabras del Papa Francisco, recordándonos el cumplimiento de una de las Obras de Misericordia: “Perdonar las injurias” y que frecuentemente repetimos en el Padre Nuestro: “Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos, a los que nos ofenden”. Es el año de la Misericordia, el año del perdón.
*Columnista de El Diario de Hoy.