Ante la pregunta de una periodista al actual ministro de Defensa y anteriormente ministro de Justicia: ¿Tiene la capacidad un director general de Centros Penales de autorizar por sí el ingreso de prostitutas a un centro penal?... el presidente de la República tomó la palabra y dijo: “Mire, perdón, pero yo pido más respeto para mis funcionarios...”, luego afirmó: “Vayan a la Fiscalía, pregunten a la Fiscalía, ellos son los que tienen que determinar cómo sucedieron los hechos”. Todavía más, el Presidente agregó: “Yo le pido al periodista que tenga ética, aquí hay una política de querer desestabilizar al Gobierno y uno de los factores que quieren desestabilizar es la Fuerza Armada…”.
Esta fue la obstrusa declaración del Presidente de la República en el contexto de un video dado a conocer esta semana y que recoge una fiesta al interior de un penal donde mujeres desnudas bailan al ritmo de una discomóvil; todo para celebrar el día del reo, en honor a la Patrona, la Virgen de la Merced.
Ciertamente, y en eso estoy de acuerdo con el Presidente, será la Fiscalía la que deberá determinar qué ocurrió en el penal, quién organizó la fiesta y si este tenía la venia de las autoridades de gobierno. También deberá precisar, al parecer no tiene relación, con la llamada tregua. Será la Fiscalía, luego de las pesquisas del caso, si decide iniciar acción penal y por supuesto llevar la justicia a los responsables si hay indicios de delito.
En esto estamos claros, en lo que no estoy de acuerdo y lo digo sin tapujos, es que el Presidente crea que hacer interrogantes sobre el tema es un irrespeto a los funcionarios, mucho menos que las preguntas de la prensa forman parte de un plan desestabilizador.
Es más, por decencia, por transparencia, por respeto a la ciudadanía, los funcionarios involucrados, o señalados, deberían poner sus cargos a disposición mientras se hacen las averiguaciones. No solo se trata de que fue en el gobierno pasado cuando ambos funcionarios, uno era ministro de Justicia y Seguridad y el otro subdirector, sino porque actualmente uno es ministro de Defensa y otro director de Centros Penales.
Por menos cuestiones, en otros gobiernos en países donde está más cimentada la democracia y la institucionalidad, los funcionarios renuncian a sus puestos cuando son involucrados en hechos cuestionables; recuerdo un ministro chino de justicia que renunció porque en su período hubo un tremendo asesinato de una joven… la población exigió el retiro del funcionario por los niveles de violencia que se padecía… acá tendrían que renunciar 22 veces diarias, si tomamos en cuenta los asesinatos de cada día.
Las preguntas de un periodista, incómodas o no, son el instrumento fundamental de trabajo, hay otros, como los documentos, las evidencias, los mismos hechos, pero es la interrogante precisa la que permite al comunicador convertir los hechos, confusos y difusos, en noticias que explican lo sucedido en un momento determinado.
Pero todavía más a fondo, lo fundamental no es la decencia de un funcionario para deponer su cargo cuando es involucrado en hechos cuestionables, ni mucho menos que se permita ejercer al periodista su labor de informar, para lo cual utilizar la pregunta como instrumento fundamental, sino que los hechos que reporta un periodista son eso, hechos de la misma realidad. El periodismo, la prensa, los medios de comunicación lo único que hacen es trasladarla informativamente a la población.
La realidad por la que atraviesa el país es de violencia, llegando a niveles de barbarie incontrolable (esta semana asesinan a once empleados de una distribuidora de energía; su único pecado, estar trabajando en una zona dominada por las pandillas). La realidad es que centros penales está saturada de reos, muchos de ellos sin condena y otros más desde esos lugares dirigen el crimen e incluso tienen “sus libertades” como pornofiestas. La realidad es que están asesinando a policías y militares (van diez en lo que va del año), y lo peor sin los recursos materiales y logísticos necesarios para enfrentar el crimen (sin estrategias claras y contundentes además con salarios de hambre y prácticamente engañados con un bono que terminó siendo de 150 dólares trimestrales).
El hecho es que las extorsiones han tocado el tinglado social no solo afectando a grandes empresas distribuidoras de productos de consumo masivo, sino a los mismos pobladores de las ciudades y del campo salvadoreño que han tenido que abandonar sus viviendas y sus negocios ante las amenazas de los pandilleros.
Estos hechos, y otros más relacionados con el pobre desarrollo económico y la incapacidad gubernamental para enfrentar la realidad, son los que desestabilizan al gobierno, a las instituciones, al Estado… no es la prensa ni los periodistas los que no tienen respeto, es la delincuencia la que pasa por encima de las personas, atropella a los salvadoreños.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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