Cuando uno escucha “discoteca”, “bailarinas sin ropa” y “fiesta”, se imagina una barra show o cualquier otra cosa, menos una cárcel. Es justamente esto lo que ha causado una tremenda indignación general, al divulgarse un video de una “pornofiesta” en el penal de Izalco, en el cual se ve disfrutando a los reos y a los custodios que debían imponer el orden. Este video ahora se conoce debido a que se violentó, también, la prohibición de portar aparatos celulares, a través de los cuales se filmó el censurable evento. Esto muestra, una vez más, el quiebre que impera en El Salvador entre lo que las leyes prescriben y lo que sucede en la práctica.
De conformidad con el art. 27 de la Constitución de la República, es obligación del Estado organizar a los centros penitenciarios “con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”. Por ello, el art. 9 de la Ley Penitenciaria destaca que son derechos de los internos: contar con instalaciones sanitarias y médicas, tener un régimen alimenticio suficiente para su buena salud, y mantener relaciones con su familia. En ningún artículo se menciona que tengan derecho a disfrutar de “bailes típicos” de Las Vegas.
Al contrario, el art. 14 de la misma ley establece que los reos tienen prohibida la tenencia de material pornográfico y, por supuesto, de aparatos de telecomunicaciones, tales como los teléfonos celulares. Quienes contravienen estas prohibiciones pueden ser trasladados a un sector o a un centro penal diferente, y esta falta debe hacerse constar en su expediente, para ser tomada en consideración en el otorgamiento o denegación de beneficios penitenciarios.
En cuanto a los custodios, el art. 81 de la Ley Penitenciaria señala que deben ser “cuidadosamente seleccionados, teniendo en cuenta su integridad y capacidad personal”, para cumplir eficazmente con su función, que es “de naturaleza eminentemente social”, ya que “tiene como objetivo velar por la readaptación del interno a la sociedad”.
Queda por demás evidenciado que la fiesta del penal de Izalco denota una total e inaceptable violación a los mandatos de la Constitución y de la Ley Penitenciaria, y lejos de corregir y educar a los reos para readaptarlos a la sociedad, genera un ambiente de mayor irrespeto a las normas y de impunidad. Por ello, es importante que el Fiscal General de la República cumpla con su compromiso de indagar este y otros posibles beneficios penitenciarios que habrían sido otorgados en el marco de la denominada “tregua” entre pandillas, que según declaraciones del entonces Ministro de Justicia y Seguridad Pública, fue una “estrategia” para reducir los índices delincuenciales.
La investigación debe responder cómo, cuándo, por qué y con qué recursos se pagó esta fiesta en el penal de Izalco. ¿Se pagaron con nuestros impuestos las bailarinas? ¿Pueden alegar desconocimiento el entonces director del centro penal, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, y el Director General de Centros Penales? Además de ellos, esto debió haber sido del conocimiento del Director del Organismo de Inteligencia del Estado, y por lo tanto, del Presidente de la República en la fecha en la que ocurrió esta vergonzosa e ilegal fiesta.
Esperemos que estas preguntas se aclaren y que se deduzcan responsabilidades. El Gobierno está obligado a colaborar y debe abstenerse de inventar teorías de desestabilización y de faltas de respeto, para intentar evadir estas preguntas que le incomodan y que podrían dejar al descubierto los trapos sucios de la casa. Si ya se perdió el control en el territorio y en las cárceles, al menos que no se pierda el autocontrol, la sensatez y la cordura.
*Abogado e investigador
@Arevalo_Rengifo