La Iglesia después de Spotlight

La gala de los Óscar dejó dos premios a Spotlight, una película que narra la historia real de la investigación ganadora del Premio Pulitzer, llevada a cabo por el Boston Globe. Este trabajo periodístico causó mucho revuelo, pues abordó el tema de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos en esa ciudad y sacó a luz el encubrimiento llevado a cabo durante décadas por parte de las altas esferas de organizaciones religiosas, legales y gubernamentales. 

Spotlight trata un tema muy sensible no solo para los católicos, sino también para las víctimas, sus familiares y amigos. Su mérito es mostrar “la profesionalidad con que se llevó a cabo la investigación, siendo rigurosos en la exposición de los hechos sin pretender convertir en superhéroes a los protagonistas, ni arrastrar por el lodo a los culpables”, afirma la crítica del sitio decine21.

Después de los Óscar, el Osservatore Romano, el periódico del Vaticano, afirmó que “Spotlight no es una película anticatólica” y admitió “que muchas veces la institución no ha sabido reaccionar con la necesaria determinación ante estos crímenes”. 

Como bien muestra la película, uno de los agravantes en estas crisis de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, es la falta de actuación del obispo o superior del acusado, como sucedió en Boston. El entonces arzobispo de esa ciudad, Bernard Law, intentó solventar el problema cambiando de parroquia a los sacerdotes denunciados. Un caso ilustre fue el de John J. Geoghan, acusado de abusar de 130 niños durante 30 años; el exsacerdote pasó al menos por 12 parroquias. 

A raíz de estos casos, los obispos estadounidenses solicitaron un informe externo que les ayudara a conocer las dimensiones del problema. La investigación realizada por el John Jay College reveló que desde 1950 hasta 2002, un total de 10 mil 667 personas denunciaron a algún sacerdote por abusos sexuales a menores. Fueron 4 mil 392 clérigos acusados. Esto representa el 4 % del total de presbíteros activos en ese período, pues entre 1950 y 2002 había 109 mil 694 sacerdotes en las diócesis estadounidenses. 

El Papa Francisco ha seguido una política de tolerancia cero ante estos casos. Ésta no es nueva, ya que tiene sus orígenes en sus dos predecesores. En 2001 Juan Pablo II promulgó un motu proprio en el que el abuso sexual a menores fue añadido al elenco de delitos más graves.

Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe (CDF) y como Benedicto XVI, arreció la lucha contra los pederastas. Amplió a 20 años la prescripción del delito de abuso sexual y dio potestad a la CDF para derogar su caducidad. Según Associated Press, basados en un informe presentado por la Santa Sede a las Naciones Unidas en 2014, en los dos últimos años de Benedicto XVI fueron destituidos alrededor de 400 sacerdotes por estos casos. 

La Iglesia salvadoreña tampoco se ha salvado de estos males. En noviembre de 2015, Mons. Jesús Delgado y Juan Gálvez, expárroco de Rosario de Mora, fueron acusados de abusos a menores. En febrero de este año también se hizo público el caso de José Molina Nieto, expárroco de Panchimalco. Los tres han sido suspendidos de sus funciones y tienen una investigación abierta. 

La actuación de Mons. Escobar Alas es loable y correcta. Sin embargo, en aras a la justicia, es necesaria una mayor transparencia que permita dar seguimiento a lo ocurrido. El proceso contra los acusados aún no ha terminado y, en caso sean culpables, la suspensión no es la única pena que contempla el derecho canónico.
 
*Periodista. Investigador 
en temas de ética y religión.
 jaime.oriani@eldiariodehoy.com