La masacre de 11 trabajadores ha golpeado el corazón de todos los ciudadanos, sumiéndonos en profundo duelo. Porque representaban la cualidad que siempre nos ha distinguido y llenado de orgullo: la laboriosidad y el amor al trabajo, aun en medio del peligro. ¿Y es por eso que fueron salvajemente sacrificados? Y para frenar esta espiral de horror, la respuesta del Presidente, aprobada por diputados de casi todos los partidos políticos, es declarar un estado de excepción, aunque el remedio resulte peor que la enfermedad.
Muchos analistas y organizaciones han expresado su preocupación, porque además de afectar libertades como la de asociación, de reunión y de expresión, impone una figura más de corte autoritario, propia de gobiernos débiles que han perdido el control.
El Dr. Bertrand Galindo y Joaquín Samayoa, en una entrevista en TV, consideraron que el estado de excepción podría limitarse a los centros penales, con medidas severas que imposibilitaran la acción criminal que emana de las cárceles. La suspensión de toda clase de visitas, ingreso de dinero, racionamientos de la energía eléctrica, serían algunas. Externaron su preocupación que en las escandalosas fotografías de las pornofiestas, más grave que las bailarinas desnudas, era la libre posesión de celulares de los internos tomando fotografías y videos del show, a la par de los custodios. Existe la sospecha de que mediante fuertes sobornos, los custodios aceptan desactivar por unas horas los bloqueadores de señal, de donde emanan las órdenes de homicidios.
El ministro Cáceres calificó el rechazo a su reforma de las pensiones como ideológico, pues beneficiará a la mayoría de la población, con la pensión universal. Pero nunca ha explicado que castigará a los cotizantes que enviuden, a soledad y ocio eternos, porque no podrán casarse nuevamente, ni acompañarse, ni volver a trabajar para tener derecho a recibir la pensión del cotizante difunto. Tampoco hay certeza sobre si el Estado podrá pagar las pensiones de invalidez y sobrevivencia, porque el sistema de reparto no contará con el seguro que tienen las AFP.
El Secretario Técnico acusó a las empresas de apoyar a las pandillas mediante el pago de las extorsiones, lo que constituye un delito. Tal vez en su criterio, las empresas debían exponer a su personal a perder la vida trabajando en zonas de alto riesgo. Porque según el vicepresidente, la reciente masacre constituye el costo por la estrategia de seguridad tan exitosa, que está realizando el gobierno, y advierte que vamos a tener unos meses muy difíciles a lo largo de este año.
Y como el estado de excepción necesita recursos, se destinarán $300 millones para llevarlo a cabo, por lo que han solicitado la autorización de $1,200 millones, sin especificar cuál será el destino específico de los millones restantes. Vale recordar que el impuesto del 5 % a la telefonía para combatir la criminalidad ha generado $11 millones, que según publicidad gubernamental, en el reparto hasta alcanza para destinar unos cuantos millones a casa presidencial.
La población debe estar alerta, para que el estado de excepción no sea una excusa más para sanear las finanzas públicas, exigiendo a la Asamblea la aprobación de más deuda. Deben tomarse muy en cuenta los criterios de prestigiosos profesionales, interesados en sacar adelante al país, exigiendo al gobierno un acuerdo serio, y planes concretos de seguridad. La sugerencia de ANEP de una segunda venida de Rudolph Giuliani, en un esfuerzo por detener este baño de sangre, no servirá de nada si el gobierno responde con la abrumadora indiferencia con que tomó el proyecto presentado por el mismo especialista, durante el ENADE 2015.
*Columnista de El Diario de Hoy.