La manera en la que se ejerce el poder dice mucho acerca de un grupo de personas. Con la reciente sugerencia por parte de nuestros gobernantes de que echar a andar un estado de excepción es la única manera de enfrentar la criminalidad en el país, lo que nos están diciendo es que tenemos como gobernantes a unos inescrupulosos que ese poder, que como ciudadanía delegamos, están a punto de usarlo en nuestra contra.
Por paz mental, continuemos asumiendo, que las ideas descabelladas que proponen para combatir la inseguridad vienen desde la incompetencia y no desde la maldad, porque si es con dolo que actúan, tenemos en el poder un cáncer casi tan terminal como las maras: se volvería entonces una competencia entre los dos, para ver cuál termina con el Estado y la institucionalidad primero, pero ambos son mortales.
La proposición de un estado de excepción para combatir la crisis de inseguridad, que no es nada nuevo en el país, es el equivalente a combatir al peligroso mosquito del zika con una bazooka. La ciudadanía inocente y todas las garantías que nos protegen de los abusos de quienes tienen el poder, serían daños colaterales en una guerra en la que las maras no se verían afectadas en lo más mínimo. Y a algunos no se nos ha olvidado que con este plan delirante y absurdo también coqueteó ARENA en plena campaña, cuando querían traducir el miedo de la ciudadanía en votos.
¿No se dan cuenta acaso que en los territorios donde las maras dominan, ya existen estados de excepción de facto, solo que controlados por las maras? En zonas donde el miedo la muerte hace que el libre tránsito, las opiniones y las asociaciones libres sean limitadas, ya la gente vive un tipo de estado de excepción del que no puede escapar. La falta de oportunidades económicas muchas veces les impide mudarse a zonas más seguras. Si esta vida a medias, con escasos derechos constitucionales ya se la imponen los mareros a gran parte de la población, ¿en qué les beneficiaría la suspensión del resto de sus derechos, esta vez a manos del gobierno?
No llegamos hasta acá --la dramática situación de perder 15 vidas diarias a través de asesinatos -- de golpe y porrazo. La responsabilidad de esta crisis es compartida, con administraciones anteriores y políticas fallidas de otros presidentes. La crisis no se creó en un día, por lo que pretender arreglarla en 30 (ó 60, o cuanto decidan extender algo tan peligroso como el estado de excepción) es igual de desesperado (y poco realista) que la historia de quien siendo talla 16 pretende entrar en un vestido talla 6 y decide que en unos días se deshará del sobrepeso construido con años de devoción a los tamales y la horchata dulce.
Si entendemos que la crisis actual no es algo que se creó en un día, ¿cómo tiene sentido pretender que una medida extrema de 30 va a ser un mejor acercamiento que un plan ejecutado de manera consistente y a largo plazo? El problema es que ese plan nunca ha sido propuesto o concretado. Si existe, claramente no es prioritario, por lo que, con la desesperación de quienes se saben en puestos que les quedan grandes, están recurriendo a lo más pesado del arsenal de opciones, ya sea porque no tienen abogados constitucionalistas que los asesoren, o peor aún, porque están explotando la crisis de inseguridad para oscuros fines políticos y usándola como excusa para dejar de respetar las garantías constitucionales que les molestan tanto.
*Lic. en Derecho de ESEN con
maestría en Políticas Públicas
de Georgetown University.
Columnista de El Diario de Hoy
@crislopezg