El nudo gordiano de la inseguridad requiere de estrategias claras e inteligentes para poder deshacerlo. Al querer cortarlo de un solo tajo, forzosamente estaríamos reconociendo que el problema de la inseguridad en El Salvador se nos ha “escapado de las manos” irremisiblemente. Problemas complejos como este, requieren de soluciones integrales. Las respuestas radicales no suelen ser eficaces sino contraproducentes.
El “no debate” sobre el tema de un posible “Estado de Excepción” no deja de ser revelador: por una parte parece que el gobierno quiere dar una respuesta “excepcional” a lo que desgraciadamente viene siendo la “normalidad” en nuestro país. Por otra, el debate sobre esta posibilidad se ha centrado en cómo el partido gubernamental aprovecharía, supuestamente, este estado de excepcionalidad para “fregar” a la oposición. Nada de debates sobre principios constitucionales o estabilidad democrática. En definitiva: un episodio que escenifica la penosa situación tanto de nuestro país como de nuestra clase política.
Estamos al borde de una “guerra”, nos advierte el Presidente de la República al hablar sobre la inseguridad en El Salvador. ¿Qué le pide al país? Aceptar que la violencia sólo incrementará, que las masacres se harán más frecuentes, y que, para ser más efectivo, el país necesita que se declare un “Estado de Excepción” que haga a un lado los derechos humanos y civiles en el país. ¿Cómo hemos llegado a este punto donde la solución a un problema que arrastramos por años, demandaría la imposición de un estado de sitio?¿Qué amenazas entrañaría para nuestra convivencia y el futuro de nuestra democracia, el cambiar el “chip” civil por otro militar para enfrentarnos a esta crisis?
La violencia es un tema muy complejo, pero los pocos resultados obtenidos por el Gobierno desde la implementación del Plan El Salvador Seguro, nos descubre sus principales deficiencias: la ausencia de un análisis estructural del problema; y la falta de un entendimiento objetivo y profundo del fenómeno de las pandillas. Una vez se superen estas deficiencias se tendrá la claridad suficiente para establecer prioridades en las intervenciones de represión, rehabilitación y prevención necesarias para disminuir los índices de violencia.
La respuesta ante el “Estado de Decepción” en la población, por los todavía escasos resultados de la actual gestión en el tema de la seguridad pública y ante la reciente masacre en San Juan Opico, no es proponer como hacen algunos políticos, la restauración de la pena capital o el Estado de Excepción. Esto implicaría abandonar, o al menos supeditar a la “guerra contra las maras”, los principios de integridad, transparencia y buen gobierno que prometió ejercer el Gobierno actual, y que nuestra sociedad demanda. El abandonar los principios en caso de graves problemas no sólo no ayuda a solucionar éstos, sino que suele acabar con aquellos.
Lejos de estas “pseudo-soluciones” populistas que debilitan a la sociedad que las adopta, debemos seguir centrando nuestros esfuerzos en el fortalecimiento institucional, la mejora de las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad pública, la reforma del sistema penitenciario y un mayor control y vigilancia del mismo, la creación de espacios seguros para la población y especialmente para la juventud (escuelas, parques y transporte), y un aparato gubernamental que le haga frente a este flagelo y asegure la eficacia en el gasto público, entre otras medidas.
Estamos ante una disyuntiva crucial que conformará el modelo de nuestra sociedad para los años venideros: caer en la tentación de escuchar a quienes nos proponen medidas “definitivas y rápidas” para lidiar con este flagelo, pero que debilitan nuestro sistema democrático, u optar por la vía difícil, pero apegada al Derecho y a los valores democráticos y republicanos, que nos definen como un El Salvador que aspira a ser más madura, justa y solidaria. Los países se definen por sus respuestas ante este tipo de desafíos. ¿Cuál será la nuestra?
*Columnista de El Diario de Hoy.
@cavalosb