WASHINGTON. Mientras más de 20 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitarían ayer formalmente una sesión extraordinaria el lunes para declarar que en Venezuela hay “una alteración del orden constitucional”, El Salvador adoptó una postura en la que no cuestiona el fallo judicial que rompe el equilibrio de poderes y la pluralidad en esa nación.
En un escueto comunicado, el gobierno del FMLN, reconocido aliado del régimen de Maduro, ha reiterado que reafirma su posición al diálogo y entendimiento que conduzcan a la estabilidad democrática de ese país.
Para el gobierno de Sánchez Cerén, la crisis venezolana que la noche del miércoles alcanzó un clímax con la decisión del Poder Judicial de atribuirse las facultades legislativas, “evidencian un conflicto entre los poderes del Estado” y llama al gobierno de Maduro como a la oposición a retomar el diálogo.
Pero las otras 20 estados miembros de la OEA que ven con otro cristal lo que sucede en Venezuela, han tomado una acción diferente ayer tarde se esperaba enviaran su solicitud a la Presidencia del Consejo Permanente, que hoy ostenta Belice y desde hoy Bolivia, después de reunirse en la misión diplomática de Canadá ante la OEA, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.
En ese grupo están Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Jamaica, Barbados, Bahamas, Guyana, Antigua y Barbuda y, tal vez, Uruguay y algunas naciones caribeñas, cuya posición no está clara, detallaron las mismas fuentes.
Estos países han decidido dar este paso al considerar que “se pasó la raya” en Venezuela con la sentencia del Tribunal Supremo por la que asume las facultades de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora.
Las naciones consideran que votar el lunes una declaración que diga que en Venezuela se alteró el orden constitucional es “el primer paso de un proceso”, el que recoge la Carta Democrática Interamericana.
Después de esa declaración, para la que se requieren 18 votos (la mayoría simple de los 35 Estados miembros), seguirían gestiones diplomáticas y una de las opciones que se baraja es una reunión de cancilleres para lo que también se necesita el mismo número de apoyos.
Si el Consejo Permanente declara que en Venezuela “hay una alteración del orden constitucional” que afecta “gravemente su orden democrático”, se iniciaría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, como pide desde el pasado 31 de mayo el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Este instrumento jurídico, creado por unanimidad en 2001, contempla un proceso gradual en sus artículos 20 y 21 que va desde las gestiones diplomáticas hasta, en caso de fracasar estas, la suspensión del organismo, con lo que ese país dejaría de participar en sus programas y actividades.
Por el momento, este grupo de más de 20 países quiere agotar la vía diplomática y contempla la suspensión solo como un último recurso. Esto requiere del apoyo de 24 Estados. -EFE