CARACAS. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tomó una decisión que dejó al país de un plumazo sin el Parlamento, que era visto por los opositores al Gobierno como el último reducto de democracia en la Venezuela chavista aunque no había podido ejercer poder alguno.
La decisión que sacudió a los Poderes Públicos del país la media noche del miércoles, no solo apaga la voz de la oposición dentro del Estado, sino que además convirtió al Judicial en un súper poder que decide las leyes y ejerce su cumplimiento, lo que es para el antichavismo una camisa hecha a la talla del Gobierno, un “autogolpe”.
La reacción de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) no se hizo esperar. Julio Borges, el presidente, aseguró que el Gobierno venezolano ha dado un “golpe de Estado” a través del Supremo y advirtió que los diputados opositores no acatarán esta decisión.
“Es un golpe de Estado, y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado”, dijo Borges que rompió la sentencia y la calificó de “basura”. “Estos señores de la Sala Constitucional tienen los riñones (la osadía) de creer que en estos momentos van a pasar por encima del pueblo venezolano”, añadió Borges.
Asimismo, un grupo de diputados opositores se movilizó hasta la sede del TSJ para manifestar su repudio a la decisión y gritar ante la estructura que alberga a la máxima corte que no acatarán el fallo.
Desde edificios también se oyeron voces contra Maduro. Otras voces opositoras como la del partido Voluntad Popular (VP), que dirige el opositor preso Leopoldo López, pidió a los venezolanos retomar las movilizaciones de calle como “única forma” de “imponer la voluntad del pueblo” ante el “golpe de Estado”.
Mientras tanto el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó de “autogolpe” lo sucedido en Venezuela y llamó al Consejo Permanente a una reunión urgente. (Ver nota aparte). Distintos Gobiernos han condenado el hecho, pero Perú ya retiró a su embajador.
Secretario de la OEA denuncia auto-golpe de Estado por el régimen de Venezuela
El TSJ mantenía en desacato a la AN desde principios de 2016 luego de que la directiva de la Cámara decidiera juramentar a tres legisladores opositores indígenas cuya elección había sido suspendida por un supuesto fraude. Esta fue la primera fisura entre los poderes públicos.El Poder Judicial ha sido desde hace un año la primera piedra de tranca y martillo de la AN, un escenario que la oposición vislumbró desde antes de asumir el Legislativo, cuando el chavismo después de perder las elecciones convocó a una sesión para designar a 30 magistrados del TSJ.
Muchos de los juristas que hoy controlan las salas de justicia fue lo último que hicieron los chavistas luego de perder el control de la AN.
Pese a que la oposición venezolana obtuvo una victoria contundente en las parlamentarias de diciembre de 2015 con 112 diputados electos, apenas gozó del poder unos cinco días antes de que se declarara su desacato y con ello la nulidad de sus actos.
Efectos de la sentencia
Es así como todos los planes de los opositores de generar un cambio en el poder del país, desde hace 18 años en manos del chavismo, y la amnistía para los políticos presos, que fueron las mayores promesas de la campaña, quedaron frustrados en pocos días.
La victoria de los opositores aliados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la primera a escala nacional en la Asamblea, convirtió a la Cámara en el mayor bastión de poder antichavista que ve en el Judicial, Electoral y el Moral al servicio del Ejecutivo.
La decisión que digieren hoy los venezolanos supone también los primeros pasos de la nueva era de la Justicia en Venezuela, que eligió hace poco más de un mes al nuevo presidente del Poder Judicial, el magistrado Maikel Moreno. Moreno ha concretado la delimitación de la inmunidad parlamentaria que ha dejado sin privilegios a los diputados para ser investigados, juzgados o encarcelados.“Ordenó” a Maduro ejercer las acciones “pertinentes” para salvaguardar el orden constitucional, tomar medidas para evitar un estado de conmoción” y que se revisen leyes para “conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país”.
El jefe de Estado, Nicolás Maduro, había señalado en varias oportunidades que la Asamblea se estaba “autodisolviendo” por no acatar los mandatos del Supremo y por tener diputados que actuaban para desestabilizar su gestión.
Al mismo tiempo, el Gobierno y la oposición libran otra batalla fuera de la frontera, los primeros para defender al Estado venezolano como único garante de la democracia en el país, y los segundos asegurando que todo esto es mentira.
Hace apenas unos días en la OEA se daba un encendido debate sobre la crisis del país promovida principalmente por la AN aun a expensas de ser acusados de “traición a la patria” un delito por el que podrían ser castigados, sobre todo ahora que quedan sin inmunidad.
La crisis agita todavía más el ambiente de un país azotado por la crisis económica que enfrenta una severa escasez de alimentos más básicos y medicinas, y agobiado por una inflación, factores que constituyen el martillo de los venezolanos sin poder ni privilegio. -EFE