VENEZUELA. Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció ayer la expulsión o la prohibición de entrada en Venezuela de más de 20 periodistas extranjeros desde agosto de 2016, en un país en el que la labor informativa ya está amenazada por “nuevos obstáculos”. La organización internacional aseguró en un comunicado que dichas expulsiones o prohibiciones de entrada, justificadas por el Gobierno venezolano como problemas migratorios o burocráticos, son en realidad “discrecionales” y coinciden a menudo con grandes manifestaciones en Caracas organizadas por los partidos de oposición. El último caso fue el de los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Souza, del canal “Record TV”, detenidos y expulsados del país el pasado febrero mientras investigaban presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios del régimen venezolano, según RSF. Este tipo de prácticas se suman a otras dificultades que los periodistas deben afrontar en Venezuela como la censura o la confiscación de material, e impiden una labor “primordial” dada la “crisis económica y política que vive el país”, indicó el director de RSF en América Latina, Emmanuel Colombié. Venezuela se encuentra en el lugar 139 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, publicada por la propia organización en 2016. Stoliar y Souza de Oliveira abandonaron Venezuela tras haber sido expulsados y haber permanecido detenidos y haber sido maltratados por autoridades del país sudamericano. Los reporteros fueron detenidos el sábado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuando investigaban supuestas obras inconclusas de la compañía Odebrecht radicada en Zulia. Ambos periodistas estuvieron en manos del Sebin más de diez horas, denunció la ONG Transparencia Venezuela. También se dijo en su momento que el Sebin los detuvo y los escoltó hasta su sede en Maracaibo para una entrevista, donde les quitaron teléfonos celulares. En esa ocasión, Transparencia Venezuela exigió la liberación de los comunicadores brasileños, y horas después el Sebin liberó a los reporteros de la televisora TV Record, pero les advirtieron que debían abandonar el país, según confirmó la ONG. Los brasileños regresaron a su país desde Caracas, en un vuelo comercial con destino a Lima, donde luego embarcaron a São Paulo. Según informó el periódico El Universal, de Venezuela, “luego de que se informó sobre la detención de los reporteros, el Gobierno brasileño, por la instrucción del propio presidente Michel Temer, actuó junto a las autoridades venezolanas en el sentido de que fueran liberados fácilmente, según reseña una nota de prensa de la Embajada de Brasil en Venezuela”. Agresiones
contra la prensa Diversas organizaciones de prensa nacionales y extranjeras han denunciado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro utiliza diversos mecanismos de intimidación y agresión contra los medios de comunicación. Entre estos mecanismos está el uso de grupos paramilitares para que golpeen y roben cámaras fotográficas, teléfonos móviles y equipos de televisión a los periodistas, según han denunciado en varias ocasiones. Otra de las estocadas que ha dado el gobierno de Maduro a la prensa internacional fue el cierre de la transmisión de la cadena CNN en Español. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) ordenó la tarde del miércoles 15 de febrero pasado del cese de las transmisiones de la cadena informativa estadounidense. Sin mayores explicaciones, la decisión fue anunciada en un comunicado publicado por Conatel en su página web. “Tal procedimiento obedece al contenido que viene difundiendo la citada cadena internacional de noticias de forma sistemática y reiterada en el desarrollo de su programación diaria, de la cual se desprende de forma clara y perceptible contenidos que presuntamente constituyen agresiones directas que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro pueblo venezolano, ya que los mismos generan un clima de intolerancia”, se podía leer en el escrito oficial. La semana pasada, el gobierno venezolano aceptó seis recomendaciones hechas sobre libertad de expresión por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la celebración del Examen Periódico Universal que hizo dicha organización internacional. Con ello el gobierno quedó comprometido y deberá mejorar las condiciones hacia el ejercicio de la prensa y el derecho a la libertad de expresión. Entre las sugerencias hechas está garantizar independencia al libre ejercicio de la prensa e incrementar la protección para estos profesionales de la comunicación.