Un tribunal español absolvió el miércoles al exministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Vielmann, de su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de 10 presos en su país hace más de una década.
Vielmann se enfrentaba a 40 años de prisión e inhabilitación de por vida por la muerte de tres presos fugados del penal de alta seguridad El Infiernito en 2005 y de otros siete en la operación para retomar el control de la granja de rehabilitación El Pavón, en 2006.
Dos de los jueces del tribunal de la Audiencia Nacional impusieron su criterio sobre un tercero, que consideró probada la participación de Vielmann en la organización de una estructura policial paralela para llevar a cabo las ejecuciones.
Pero en el auto de sentencia, al que tuvo acceso The Associated Press, el voto mayoritario falló que en el juicio no se acreditó de forma suficiente que el exministro conociese las circunstancias de las muertes en el marco del "Plan Gavilán", diseñado para recapturar a los fugitivos de El Infiernito.
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En cuanto al "Plan Pavo Real", que desplegó a la policía y efectivos del ejército en El Pavón en septiembre de 2006, los magistrados consideraron que el juicio no probó que Vielmann "participase en la ejecución de los reclusos, ni ordenándola, ni autorizándola, ni manifestando su respaldo o aquiescencia".
Los hechos ocurrieron cuando Vielmann era ministro de Gobernación, entre 2004 y 2007, bajo el gobierno de Óscar Berger. Dos años después obtuvo la nacionalidad española, aunque conservó la guatemalteca. Fue detenido en Madrid en 2010 en el marco de la causa iniciada por la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas.
En 2015 un tribunal suizo condenó a cadena perpetua al que fuera director de la Policía Nacional Civil bajo la supervisión de Vielmann, Erwin Sperisen, por la muerte de los siete reos de El Pavón.
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Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas pedían responsabilidades políticas. El miércoles activistas de la Asociación de Mujeres de Guatemala en España se mostraron disconformes con el desarrollo del juicio y el fallo absolutorio.
"Hoy la comunidad internacional le puede agradecer a la Audiencia Nacional española la perpetuación de la impunidad por crímenes gravísimos de limpieza social en Guatemala", dijo Mercedes Hernández, directora de la Asociación, que siguió de cerca el proceso.
Añadió que "la sentencia absolutoria es una victoria más para los poderosos, los ricos, los dueños y amos de Guatemala".
Varios familiares de las víctimas, ex policías, funcionarios de prisiones y reos fueron testigos durante el juicio celebrado en Madrid entre el 10 de enero y el 22 de febrero. También testificó el propio expresidente Berger.
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El exministro negó a lo largo del proceso su responsabilidad en las ejecuciones.
"Yo mi nombre no lo iba a manchar por permitir la muerte de reclusos", le dijo al tribunal durante una de las audiencias y reiteró que no trató de rehuir a la justicia en su país con su traslado a España sino que éste se había producido por circunstancias familiares.